Perú.- La Organización de los Estados Americanos anunció el viernes que el grupo de alto nivel que visitará Perú para analizar la inestable situación política local estará compuesta por cinco cancilleres.
En un comunicado, la OEA dijo que la fecha de viaje a Lima y la agenda se definirán pronto. El grupo estará conformado por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero; Belice, Eamon Courtenay; Ecuador, Juan Holguín; Guatemala, Mario Búcaro y de Paraguay, Julio Arriola.
También está integrada por los vicecancilleres de Colombia, Laura Gil, y Costa Rica, Christian Guillermet. Asimismo, por Eladio Loizaga, excanciller de Paraguay y representante de la Secretaría General de la OEA.
El grupo de alto nivel —tras conversar con todos los poderes del Estado peruano, organismos autónomos y miembros clave de la sociedad civil— elaborará un informe que entregará al Consejo Permanente del organismo hemisférico.
El 12 de octubre, el presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana para “preservar el legítimo ejercicio del poder” en el país sudamericano.
Castillo ha sobrevivido a dos intentos de vacancia por parte de la oposición en el Congreso y a su vez la fiscal general Patricia Benavides ha realizado una denuncia constitucional ante el Parlamento al mandatario para poder investigarlo y acusarlo por presuntos delitos de corrupción.
Al mismo tiempo, la fiscal general realiza cinco investigaciones de forma preliminar a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción, así como otra indagación adicional sobre el mandatario por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.
El gobierno ha respondido denunciando ante el Congreso a la fiscal general por supuesta infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato. Indica que la denuncia contra Castillo es “puramente política” y forma parte de “un plan sistemático para desestabilizar al gobierno”.
En Perú un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la Constitución en su artículo 117 dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones o por impedir el funcionamiento del parlamento o de los organismos electorales.
Castillo dijo en conferencia con la prensa internacional, un día antes de recurrir a la OEA, que la decisión de la fiscal general busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de estado” para sacarlo del poder al cual llegó mediante elecciones libres y democráticas en 2021.
La fiscalía indicó posteriormente en una reunión informativa con la prensa internacional que posee “más de 190 elementos” que sustentan la denuncia contra el mandatario. La hipótesis fiscal afirma que Castillo lidera supuestamente una organización criminal y habría cometido corrupción.
El gobierno de Castillo empezó en 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2026.
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