Bogotá.- Reformar la política de drogas en Colombia pasaría por dar un salto hacia la regulación legal de la hoja de coca y la cocaína cambiando totalmente el paradigma en el país que más la produce en el mundo, planteó la Comisión Global de Políticas de Drogas en un informe divulgado el miércoles.
Con el reciente cambio de gobierno se avivó el debate sobre la estrategia antinarcóticos. El presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en Colombia, considera que la lucha contra las drogas “fracasó”, pero ha descartado legalizar la cocaína.
“Hay que regular el mercado, que en el fondo es legalizarlo”, dijo a The Associated Press el expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz y miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, creada en 2011 por antiguos jefes de Estado y líderes mundiales.
Santos sabe porque lo enfrentó como mandatario del 2010 al 2018, que en Colombia hay sectores que se oponen tajantemente a la legalización de la droga. Aún así, propone que de manera gradual se regule la producción, comercialización y el consumo de las drogas, primero como un proceso interno en Colombia, cambiando la legislación, y simultáneamente haciendo una labor diplomática para conseguir apoyos a nivel internacional.
Reformar la política de drogas a un nivel global enfrenta otros desafíos ya que existen tres convenciones de drogas de las Naciones Unidas que no se han flexibilizado. Ernesto Zedillo, expresidente de México y miembro de la Comisión, explicó a la prensa que los países tienen varios caminos alternos para dejar atrás la prohibición, como retirarse de las convenciones internacionales, o retirarse y luego volver sólo a suscribir los aspectos compatibles con la política de drogas interna o lograr que una asociación de países modifiquen las convenciones.
Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, indicó a AP que el nivel de impacto que tendría que sólo Colombia legalizara la droga puede ser limitado porque no lograría cambiar las dinámicas del mercado de drogas mundial. En cambio, considera que sería más fuerte si un grupo de países latinoamericanos estuvieran en disposición de hacerlo.
Puede que así haya un nuevo tono en el debate que pueda lograr que Estados Unidos y Europa se replanteen su propia estrategia”, señaló.
La estrategia antinarcóticos de Colombia ha estado muy ligada desde la década de 1980 a Estados Unidos, país que ha puesto sumas multimillonarias para combatir a los narcos e impulsó el “Plan Colombia”, un programa de asistencia militar. Sin embargo, el informe cuestiona que con la puesta en marcha del plan los niveles de violencia aumentaron en Colombia y no se acabó con la oferta.
“Todos esos recursos que se invirtieron en iniciar la aspersión (con el herbicida glifosato) de las matas de coca, en perseguir al narcotráfico, acabaron en la basura, porque seguimos siendo el primer productor y exportador de cocaína en el mundo”, cuestionó Santos.
En el 2021 los cultivos de coca en Colombia llegaron al nivel histórico de 204,000 hectáreas sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Esos cultivos ilícitos se siguen localizando en los mismos territorios históricamente afectados, en Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
La Comisión señala que Colombia ha sido uno de los países más perjudicados por el prohibicionismo punitivo que por décadas ha desatado en su territorio conflictos con grupos armados ilegales y poderosos cárteles del narcotráfico. Propone un enfoque sobre las políticas de drogas basado en los derechos humanos que incluya el suministro seguro de medicamentos fiscalizados a quienes los necesitan, la despenalización de todas las actividades (incluido el consumo y cultivo) y la excarcelación de quienes están detenidos por su participación no violenta en el mercado de las drogas.
También plantea que de acabar con la prohibición de la producción y comercialización legal de productos derivados de la hoja de coca (materia prima de la cocaína) se abrirían oportunidades económicas para los productores, que suelen ser campesinos en zonas rurales con grandes carencias que actualmente tienen cultivos de uso ilícito.
La nueva estrategia del gobierno de Petro se propone dar un trato no penal a los campesinos cultivadores de coca e impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, un punto clave del acuerdo de paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, busca abrir nuevas negociaciones de paz con grupos armados ilegales y bandas criminales que aún persisten en Colombia, lo cual incluiría a las que se dedican al narcotráfico.
Santos, que logró el acuerdo de paz con las FARC, aseguró que el sometimiento a la justicia de narcotraficantes puede ser un paso en la dirección correcta si entregan sus bienes y rutas. “Eso inclusive en Estados Unidos sería muy bien recibido, porque esa es la forma como también negocian con los delincuentes que den información”, agregó.
JFF