SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el miércoles que impondrá cercos militares y policiales en las grandes ciudades para intensificar la persecución de miembros de las pandillas, a quienes las autoridades responsabilizan de la mayoría de los delitos cometidos en el país.
“Ahora viene la fase cinco, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en las comunidades”, dijo el mandatario durante un acto frente unos 14 mil soldados que se sumarán a la tarea de persecución de las pandillas.
Bukele no adelantó ningún detalle sobre cuándo empezará a aplicar los controles o en qué ciudades se registrarán los accesos y salidas, alegando que eso alertaría a los integrantes de las pandillas.
Pero explicó que retomarán la experiencia del cerco militar montado en el municipio de Comasagua, al sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asesinato de un campesino de la zona. “Fue exitoso”, defendió el mandatario, pese a las críticas a su política de mano dura de parte de organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos.
En el operativo desplegado en la primera semana de octubre, más de dos mil soldados y unos 500 policías de fuerzas especiales tomaron el control de la carretera de acceso a Comasagua, a unos 29 kilómetros de la capital. Las personas que entraban y salían del cerco eran sometidas a un riguroso registro.
Persecución de pandilleros se realizó hasta con drones en El Salvador
Utilizaron, además, drones para buscar a los pandilleros que se habían refugiado en los cafetales de la zona. En dos días capturaron unos 50 pandilleros, según la versión oficial, incluidos los presuntos asesinos del campesino.
Bukele aseguró que se cerrarán todas las entradas y salidas de las ciudades para evitar fugas y que la medida también está dirigida a quienes se encargan de “suplirlos de alimentos, armas y todo lo que utilizan para amedrentar a la población”.
El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el congreso aprobó la puesta en marcha de un estado de excepción, que fue renovado por octava vez hace 10 días y que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo de arresto, así como de la asistencia de un abogado.
Sin embargo, siete organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades. Llevan documentadas más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos -detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones- durante los primeros seis meses de vigencia del estado de excepción y la muerte de 80 personas bajo custodia del Estado, según un informe presentado en octubre.
De acuerdo con cifras del gobierno, en lo que va del estado de excepción se ha capturado a 58 mil 098 pandilleros o colaboradores de las pandillas, entre ellos 843 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de Barrio 18. En sus registros, asegura el ejecutivo, hay constancia de 76 mil 600 pandilleros y faltan por capturar alrededor de 26 mil.
El presidente aseguró que en ocho meses han logrado grandes resultados y “El Salvador está en camino de ser el país más seguro de todo el continente”.
Según estadísticas oficiales, del 1 de enero al 31 de octubre se registraron 572 homicidios, 38% menos que los 928 en el mismo periodo de 2021.
En lo que va de noviembre 14 personas fueron asesinadas, entre ellos tres pandilleros abatidos en un intercambio de disparos con las autoridades, y suman 13 días sin homicidios.
Las llamadas maras o pandillas, que tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos.
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