Por Emma Bubola, de The New York Times en exclusiva para AM en Guanajuato.
Un voto de destitución, un arresto, una nueva presidenta. El gobierno peruano vivió una jornada de drama político que representó un nuevo desafío para la democracia sudamericana.
Perú ha estado convulsionado en los últimos años por la agitación política, los rápidos cambios de presidente y los constantes escándalos e investigaciones. Pero el miércoles fue quizás uno de los días más tumultuosos de la historia reciente del país.
El Congreso tenía previsto votar por la tarde si destituía o no al presidente, Pedro Castillo, por cargos de corrupción. Sin embargo, el presidente, tratando de frustrar la votación, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, en lo que fue rápida y ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado.
La medida conmocionó incluso a los aliados del presidente y, al final del día, Castillo había sido destituido y estaba bajo arresto. Dina Boluarte, su vicepresidenta, se convirtió en presidenta, la primera mujer en dirigir Perú.
El drama político es el último desafío para la joven democracia del país, pero también es, quizás, una señal de su resistencia.
Esto es lo que sabemos hasta ahora.
¿Quién es Pedro Castillo?
Castillo, de 53 años, fue elegido presidente el año pasado y proviene de una familia de padres campesinos analfabetos en una región rural empobrecida, sin alcantarillado y con falta de acceso al cuidado de la salud y a la escuela.
Incluso después de convertirse en profesor, Castillo se dedicó a la agricultura para complementar sus ingresos. Se convirtió en activista sindical y ayudó a organizar una huelga para mejorar los salarios de los profesores.
Castillo, un líder socialista, atrajo a votantes frustrados con la clase política.
Hizo campaña con el lema “No más pobres en un país rico” y con la promesa de mejorar la economía del país y reducir su desigualdad crónica. Los elevados índices de pobreza también han empeorado durante la pandemia de coronavirus, aumentando en torno al 10 por ciento, uno de los incrementos más pronunciados no solo de América Latina sino del mundo, según Hugo Ñopo, economista sénior del Banco Mundial.
Pero aunque se presentó como una ruptura con el pasado corrupto del país, pronto se vio envuelto en escándalos y no cumplió muchas de sus promesas.
¿Por qué se enfrentaba a un juicio político?
Durante años, Perú se ha visto afectado por la corrupción política que lo ha llevado a tener seis presidentes desde 2016. El mandato de Castillo solo empeoró la sensación de disfunción política.
Nombró cinco gabinetes diferentes y designó a más de 80 ministros, algunos de los cuales carecían de habilidades o experiencia relevantes y se enfrentaron a investigaciones relacionadas con la corrupción, la violencia doméstica y el asesinato.
El propio Castillo fue objeto de seis investigaciones penales, incluidas acusaciones de haber dirigido una organización criminal para beneficiarse de contratos públicos y de haber obstruido repetidamente la justicia.
Él negó las acusaciones, y algunos de sus partidarios afirman que fue víctima de un esfuerzo concertado para reinstaurar a las antiguas élites gobernantes.
Los legisladores habían intentado destituir a Castillo en dos ocasiones anteriores, y la tercera votación estaba prevista después de que anteriormente amenazara con disolver el Congreso.
¿Qué pasó cuando Castillo intentó disolver el Congreso?
Poco después de que Castillo anunciara su decisión de disolver el Congreso en un anuncio televisado a nivel nacional, se hizo evidente que su intento de tomar el poder carecía de apoyo.
Las fuerzas armadas y la policía rechazaron la medida de Castillo, altos funcionarios del gobierno renunciaron en rápida sucesión, expertos en derecho calificaron su iniciativa de ilegal, e incluso el antiguo abogado personal del presidente lo reprendió. Estados Unidos también se unió al coro de disconformidad.
Dos horas después del anuncio de Castillo, el Congreso votó por su destitución, con 101 legisladores a favor, seis en contra y 10 abstenciones.
Castillo fue visto el miércoles por la tarde en imágenes televisadas mientras abandonaba el palacio presidencial en un automóvil que posteriormente entró en una comisaría. Mientras era retenido allí, Boluarte juraba como nueva mandataria de Perú.
Más tarde el miércoles, la fiscalía dijo que había ordenado su detención por cargos de “rebelión”. La policía dijo que estaba detenido en una base naval en las afueras de Lima.
¿Quién es la nueva presidenta de Perú?
Boluarte, de 60 años, es una antigua abogada que militó en un partido político marxista hasta que fue expulsada el año pasado tras criticar al líder de la agrupación.
Boluarte viene de una zona rural de Perú y el año pasado se presentó como candidata en el binomio de Castillo, del que fue vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Renunció a su cargo ministerial el mes pasado, después de que Castillo formara su gabinete más reciente.
“Yo soy del país profundo, nací y crecí en un pueblito del Perú”, dijo Boluarte tras jurar el cargo, refiriéndose a Chalhuanca, Apurímac, su ciudad natal, en lo alto de los Andes. “Soy la última hija de una numerosa familia, una familia que vivió en la precariedad”.
¿Es una victoria para la democracia?
La agitación en Perú refleja patrones similares en toda América del Sur, con democracias plagadas de pobreza, desigualdad y corrupción puestas a prueba por un populismo creciente y una desconfianza generalizada en la élite política.
Y al igual que en otros países, como Brasil y Colombia, la democracia peruana, aunque frágil, se ha mostrado resistente. Algunos líderes de izquierda de la región criticaron la actuación de Castillo.
La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, en una entrevista el jueves, calificó la respuesta al intento de Castillo de disolver el Congreso de “victoria para la democracia en Perú”.
José Carlos Requena, un analista político peruano, escribió en El Comercio, un periódico peruano, que el Congreso “ha sabido darle un cauce constitucional al trance”.
Sin embargo, algunos expertos advirtieron contra la celebración de una victoria institucional, al argumentar que el fallido intento de Castillo de hacerse con el poder fue quizá más el resultado de su incapacidad para movilizar apoyos que de la fortaleza de las normas democráticas.
Mucho dependerá de cómo el gobierno de Boluarte afronte los retos políticos y económicos del país.
“Desde que juramentó la nueva presidenta hay una suerte de alivio, de calma, pero una calma que podría ser de corta duración”, dijo Roxana Barrantes, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
¿A qué retos se enfrenta Perú?
Una cuarta parte de los 33 millones de peruanos vive en la pobreza. Naciones Unidas advirtió en noviembre que el país tenía la tasa de inseguridad alimentaria más alta de América del Sur, con la mitad de la población sin acceso regular a una nutrición suficiente.
“El reto más importante es el de la prosperidad compartida”, dijo Ñopo, economista del Banco Mundial. “Somos un país que se ha caracterizado por una buena estabilidad macro, pero todavía tiene serios retos en conseguir que esta bonanza macro sea tan inclusiva como se quisiera”.
La pandemia y la guerra en Ucrania han contribuido a un enorme aumento de los precios de los bienes básicos y otros productos esenciales, incluido el fertilizante, lo que ha desatado protestas generalizadas.
La minería, pieza clave de la economía, ha sido uno de los motores del crecimiento del país en las dos últimas décadas, pero también es una fuente importante de contaminación y contribuye al cambio climático.
La corrupción crónica ha afectado a las más altas esferas del poder. En los últimos años, tres presidentes se han visto obligados a abandonar sus cargos tras ser acusados de corrupción.
Castillo es el sexto expresidente que se enfrenta a una pena de prisión en lo que va de siglo: Alberto Fujimori cumple condena en prisión; Ollanta Humala y su esposa pasaron nueve meses en prisión preventiva; Pedro Pablo Kuczynski pasó tres años bajo arresto domiciliario; Alan García se suicidó momentos antes de que un fiscal llegara a su casa para arrestarlo; y Alejandro Toledo está a la espera de ser extraditado de Estados Unidos para enfrentarse a cargos de corrupción.
La rápida sucesión de presidentes es también un síntoma de inestabilidad institucional, y el Congreso es una de las instituciones en las que menos se confía, según una encuesta reciente.
¿Esta agitación es nueva en Perú?
Los intentos de Castillo para desmantelar el Congreso tenían ecos del pasado.
Hace 32 años, Fujimori, otro líder independiente y antisistema, fue elegido presidente. Llegó al poder mientras la hiperinflación asolaba la economía peruana y grupos rebeldes de izquierda llevaban a cabo campañas de terror durante las cuales decenas de miles de personas fueron asesinadas.
Dos años después de su elección, Fujimori dio un golpe de estado con el apoyo de los militares, suspendió la Constitución y gobernó como un dictador.
Durante la campaña contrainsurgente de su gobierno, decenas de civiles murieron en ejecuciones extrajudiciales a manos de escuadrones de la muerte que, según los fiscales, Fujimori había creado.
En 1995 fue reelegido y restableció el régimen democrático, pero su gobierno fue objeto de crecientes críticas y se le acusó de continuas masacres de civiles y corrupción. Renunció en 2000.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por abusos contra los derechos humanos.
Su hija, Keiko Fujimori, perdió por un estrecho margen las elecciones presidenciales del año pasado frente a Castillo.
c. 2022 The New York Times Company
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