Buenos Aires.- Diputados oficialistas presentaron un proyecto para promover la destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño de sus funciones, en el marco de la arremetida del presidente argentino Alberto Fernández contra el Poder Judicial.
Unos 15 legisladores del peronista Frente de la Victoria anunciaron el viernes en redes sociales que presentaron la iniciativa para que sea tratada durante las sesiones extraordinarias a las que convocó el mandatario en el Congreso desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.
Los diputados indicaron que ingresaron el proyecto en el Parlamento a pedido del presidente y gobernadores de varias provincias que apoyan el juicio político a los jueces supremos al considerar que actúan en connivencia con la principal fuerza de la oposición, entre otros actos que probarían su mal desempeño.
El juicio político está dirigido al presidente del tribunal supremo, Horacio Rosatti, y a los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La iniciativa señala que “hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
Los diputados acusaron al tribunal de querer interferir especialmente en el Poder Legislativo y en el Consejo de la Magistratura -el órgano que se ocupa de la selección y sanción de los jueces- para beneficiar a la oposición.
El presidente Fernández anunció días atrás su decisión de buscar la remoción de los magistrados al considerar que no son imparciales y que su actos afectan al sistema federal argentino. Los jueces supremos no respondieron públicamente a esta decisión.
El proyecto pide que los jueces sean citados a la Comisión de Juicio Político. El oficialismo cuenta con suficientes votos propios en dicha comisión para abrir una investigación a los magistrados, pero no así para concretar su destitución en el Congreso.
La ofensiva del gobierno contra el máximo tribunal se produce luego de un reciente fallo que obligó al Estado nacional a pagar a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95 % del monto total recaudado por impuestos -que se distribuye entre las 23 provincias y la capital-, frente al 2.32 % que recibía.
Fernández consideró la medida cautelar una muestra de la falta de parcialidad del tribunal en favor del gobierno capitalino liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la mayor fuerza de la oposición y con aspiraciones presidenciales en los comicios generales de octubre.
La ofensiva del gobierno contra la Corte se produce en medio de la creciente tensión con sectores del Poder Judicial a los que acusa de perseguir al peronismo y luego de que se filtraran conversaciones entre un funcionario cercano al titular del tribunal supremo y otro del gobierno de la capital que -según ha denunciado- constituirían una muestra de tráfico de influencias.
Los opositores repudian por su lado “el atropello constante” del gobierno a las instituciones y han anunciado que rechazarán el juicio político a la Corte. Asimismo acusan al gobierno de buscar el blindaje de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recientemente fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).
Ese fallo puede ser apelado hasta llegar a la Corte Suprema. La vicepresidenta enfrenta otras causas judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
JFF