Ciudad de México.- Cinco sacerdotes católicos fueron condenados a 10 años de cárcel en Nicaragua en menos de una semana acusados de “conspiración”, entre ellos cuatro que trabajaban junto al también detenido obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez, quien espera su sentencia para los próximos días, según informó un grupo de abogados defensores de los religiosos.
La jueza Nadia Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de lo Penal de Managua, condenó el lunes por el supuesto delito de “conspiración” a los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa, respectivamente.
Según la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), grupo de abogados que defienden a los curas, la misma condena recibieron el sacerdote Raúl Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el camarógrafo Sergio Cárdenas.
La jueza también dictó contra las siete personas, que permanecen recluidas desde el año pasado en la cárcel policial de El Chipote, en Managua, la “inhabilitación perpetua” de sus derechos ciudadanos para optar a cargos públicos o de elección popular.
La condena a los cuatro sacerdotes se suma a otra similar impuesta el pasado domingo contra el presbítero Óscar Danilo Benavidez, párroco de la localidad norteña de Mulukukú y detenido desde el 14 de agosto. El sacerdote también fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
En todos los casos, las audiencias se celebraron a puertas cerradas y con abogados defensores nombrados por el Estado, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que calificó las sentencias como una “aberración jurídica”.
La “inhabilitación perpetua” para ejercer cargos públicos impuesta a los condenados fue cuestionada por el Cenidh. “Esto es una afrenta al Derecho, una afrenta a la inteligencia, una afrenta a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos”, indicó en un comunicado divulgado el martes.
Estos hechos ocurren pocos días antes de un posible dictamen de sentencia contra el obispo Rolando Álvarez, de 56 años y conocido por sus posiciones críticas al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Monseñor Álvarez es el primer obispo arrestado y sometido a un proceso penal en Nicaragua desde que Ortega retornó al poder en 2007. Se encuentra bajo arresto domiciliario en Managua, bajo estricta vigilancia policial.
Álvarez había permanecido 15 días sitiado por la policía en agosto pasado en la diócesis de Matagalpa, junto a sus colaboradores ahora presos y condenados. En esa ocasión, la Policía dijo que los investigaba por supuestamente “organizar grupos violentos”. Casi simultáneamente, el gobierno ordenó el cierre de seis radioemisoras adscritas a la Iglesia católica en Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua.
El papa Francisco ha guardado silencio sobre la persecución a la Iglesia denunciada por el obispo Álvarez y por varios sacerdotes católicos que fueron forzados al exilio, aunque ha asegurado que mantiene “un diálogo” con el gobierno de Nicaragua. Ortega no ha confirmado, empero, lo dicho por el Sumo Pontífice.
Mientras tanto, el gobierno de Suiza informó que ha renovado las sanciones dictadas contra 21 funcionarios y tres instituciones del gobierno de Nicaragua, medida que estará vigente hasta el 24 de enero de 2024. Suiza y otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña y de la Unión Europea, que también han impuestos sanciones, consideran que esas personas están involucradas en actos de corrupción y violación a los derechos humanos.
El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza recordó que las sanciones se impusieron el 24 de junio de 2020 contra 21 allegados a Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo.
También figuran, entre otros, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, la exministra de Salud Sonia Castro, el asesor económico Bayardo Arce y el asesor presidencial para temas de seguridad, Néstor Moncada Lau, así como seis altos jefes de la Policía Nacional.
JFF