Marc Santora y Emma Bubola de The New York Times en exclusiva para AM Guanajuato
Kiev, Ucrania.- El secuestro y la deportación de niños ucranianos por parte de Rusia desde que comenzó su invasión al país estaban tan bien documentados y eran tan escalofriantes que, cuando las fuerzas rusas se prepararon para retirarse de la ciudad sureña de Jersón el otoño pasado, los médicos de un hospital de la localidad corrieron a esconder bebés y a falsificar sus registros.
Cuando llegaron los soldados rusos, el personal del Hospital Regional de Jersón afirmó que los bebés estaban en una condición demasiado crítica como para ser trasladados a otro lugar, recordó Olha Pilyarska, directora del Departamento de Anestesiología Neonatal, en una entrevista el sábado 18 de marzo.
“Pusieron respiradores cerca de todos los niños”, contó.
La estrategia salvó a 14 bebés de ser arrastrados a una campaña que ha transferido sistemáticamente a miles de niños ucranianos a Rusia para ser reasentados en familias de acogida y encaminados a convertirse en ciudadanos rusos. La emisión de una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la deportación forzosa de niños, por parte de la Corte Penal Internacional el viernes 17 de marzo, fue un poderoso reconocimiento de las acciones que no solo se han realizado a plena vista del público, sino que continúan en la actualidad.
La orden de arresto agrega el nombre de Putin a una notoria lista de déspotas y dictadores acusados de cometer las peores atrocidades de la humanidad. Sin embargo, este caso es inusual porque los cargos fueron anunciados en tiempo real con los abusos, no años después. Los jueces de La Haya citaron la necesidad de una acción urgente porque las deportaciones “al parecer siguen en proceso”.
Aunque el tribunal ha emitido órdenes de arresto de forma expedita en el pasado —por ejemplo, contra Muamar el Gadafi de Libia— las investigaciones de crímenes de guerra por lo general toman años, lo que significa que los cargos no se anuncian sino hasta muchos años después de que ocurren las atrocidades. El presidente Omar al Bashir de Sudán fue acusado en 2009 de crímenes de guerra que comenzaron en 2003.
Pero las autoridades rusas, lejos de esconder las deportaciones, han exhibido a los niños en sesiones fotográficas en la plaza Roja y en lujosos conciertos que celebran la guerra. También han dado señales de que realizarán más deportaciones.
Por toda Ucrania meridional, los líderes locales de los representantes rusos están emitiendo nuevas “órdenes de evacuación” antes de alguna esperada ofensiva militar ucraniana esta primavera. Tales órdenes suelen ser el preludio de deportaciones intensificadas. Además, hace aproximadamente un mes, las fuerzas rusas cerraron todas las carreteras que conectan las zonas ocupadas con el resto de Ucrania, lo que dificulta mucho que las personas puedan escapar. En la actualidad, las únicas rutas abiertas se dirigen a lo profundo de los territorios ocupados o a Rusia.
“Los rusos están deportando a cada vez más personas de los distritos temporalmente ocupados de Zaporiyia y Jersón”, declaró el viernes 17 de marzo el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania, la agencia gubernamental que monitorea los eventos en la Ucrania ocupada, y señaló las declaraciones públicas realizadas por las autoridades rusas locales.
Más de un año después del inicio de una guerra que se ha convertido en una sangrienta competencia de resistencia, los líderes ucranianos y aliados se enfrentan a un apoyo vacilante —aunque todavía fuerte— para continuar suministrando equipo militar a Ucrania. Funcionarios ucranianos afirmaron que la orden de arresto subrayaba el imperativo moral del conflicto.
“Los líderes mundiales se lo pensarán dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin en la mesa de negociaciones”, afirmó Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania, sobre la orden de arresto. “Es otra señal clara para el mundo de que el régimen ruso es criminal”.
Rusia, que al igual que Estados Unidos no forma parte de la corte internacional, desestimó la orden y la calificó de “absurda”. Sus líderes han dejado claro que tienen la intención de seguir deportando niños a Rusia en lo que han catalogado como un acto de compasión humanitaria.
El tribunal de La Haya también emitió una orden de arresto contra María Lvova-Belova, la comisionada del Kremlin para los Derechos del Niño, quien es la cara pública del programa de deportación. Lvova-Belova ha hablado con orgullo sobre la organización de un sistema a gran escala para sacar a los niños de Ucrania. Tras la orden de arresto, prometió “seguir trabajando”.
En una reunión televisada con Lvova-Belova el mes pasado, Putin destacó la labor con aprobación. “El número de solicitudes de nuestros ciudadanos para adoptar a niños de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Jersón y Zaporiyia, también está creciendo”, afirmó.
La magnitud de las deportaciones en Ucrania durante el último año es algo que no se había visto en Europa en generaciones.
La ONU estima que 2,9 millones de ucranianos se han mudado a Rusia desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala, pero es imposible cuantificar cuántos podrían haber ido voluntariamente y cuántos fueron obligados. Ese número incluye a alrededor de 700.000 niños, según rusos y ucranianos, y se cree que la mayoría están con sus familias.
Se desconoce el número exacto de niños huérfanos o separados de sus padres. Rusia ha reconocido el traslado de 2000 niños sin representantes; las autoridades ucranianas afirman que han confirmado 16.000 casos, aunque algunos de ellos podrían estar con algún familiar.
“El número real y total de deportados podría ser mucho mayor”, afirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un comunicado el viernes 17 de marzo, tras el anuncio de La Haya.
Rusia ha realizado las deportaciones bajo la apariencia de rescates, iniciativas de rehabilitación médica y programas de adopción. Pero los hechos han salido a la luz gracias a los relatos de testigos, reportajes de The New York Times y otros medios occidentales, los medios de comunicación ucranianos, los investigadores independientes, las Naciones Unidas y una serie de organizaciones gubernamentales y de derechos humanos.
“Cometieron el crimen a la vista de todos y expresaron orgullo en hacerlo”, afirmó en un correo electrónico Stephen Rapp, quien fue un embajador especial que dirigió la Oficina de Justicia Penal Global en el Departamento de Estado.
El Kremlin ha utilizado repetidamente a niños ucranianos como parte de su campaña para reforzar el apoyo a la guerra. Por ejemplo, cuando los niños de una casa de acogida huyeron del bombardeo ruso de Mariúpol a principios de la guerra, fueron detenidos en un puesto de control ruso. Según algunos testigos, los equipos de los medios de comunicación prorrusos se apresuraron a llegar a la escena y las cámaras siguieron a los niños mientras eran trasladados al interior del territorio controlado por Rusia.
La situación fue presentada como una operación de rescate.
En el hospital neonatal de Jersón, el personal logró salvar a la mayoría, pero las fuerzas rusas se llevaron a dos niños, afirmó Inna Kholodnyak, directora del hospital.
“Algunos de los niños de Jersón siguen en Crimea. A veces podemos verlos en los medios rusos”, dijo por teléfono desde el hospital, el cual había sido bombardeado en los últimos días. “Los otros simplemente desaparecieron y no sabemos nada de ellos”.
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