Por Richard Pérez-Peña de The New York Times en exclusiva para AM Guanajuato
La acusación del expresidente Donald Trump marca una primera vez para Estados Unidos, pero estos casos se han vuelto bastante comunes en el mundo. En las últimas dos décadas, varias decenas de países han enjuiciado a algún antiguo gobernante o jefe de Estado.
Y aunque los aliados de Trump varias veces han dicho que esas acusaciones son propias de un “país bananero”, muchos de estos casos han ocurrido en naciones que regularmente se sitúan entre las más libres, más democráticas y más ricas del mundo.
En tan solo los últimos 15 años, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac de Francia, Park Geun-hye y Lee Myung-bak de Corea del Sur, así como Silvio Berlusconi de Italia han sido enjuiciados y hallados culpables de corrupción. La lista de quienes han sido acusados penalmente también incluye a dirigentes elegidos de manera democrática en Argentina, Brasil, Pakistán, Perú, Sudáfrica y Taiwán.
En la década de 1980, fue declarado culpable Kakuei Tanaka, un ex primer ministro de Japón. Y, en estos momentos, está en juicio con acusaciones de corrupción el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
“Siempre tiene gran relevancia que un expresidente o ex primer ministro sea juzgado, pero en la mayoría de las democracias es normal cuando se les acusa de manera creíble de delitos graves”, señaló Steven Levitsky, un profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard que ha escrito acerca de la transición a la democracia en docenas de países.
Según él, Estados Unidos ha sido un caso atípico por su renuencia a acusar a un exmandatario.
“Los sistemas políticos tienen que gestionarlo”, añadió. “Tienen que hacerlo porque la alternativa (decir que algunas personas están por encima de la ley) es mucho peor”.
Los procesos judiciales pueden reflejar que el Estado de derecho es sólido, que ni siquiera los poderosos están por encima de la justicia y que se les puede hacer rendir cuentas. Pero también pueden demostrar que el Estado de derecho es débil y que con mucha facilidad el sistema judicial se puede usar como un arma en contra de los adversarios políticos.
“Muchas personas piensan de inmediato que es por motivos políticos; y va a ser muy difícil, si no es que imposible, convencerlas de que se trata de un proceso apolítico legítimo”, comentó John B. Bellinger III, investigador principal adjunto en el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington y alto funcionario jurídico durante el mandato del presidente George W. Bush.
De acuerdo con los politólogos, es probable que esa reacción sea más fuerte en un país donde la política es sumamente polarizada y partidista. Si los aliados políticos del acusado están dispuestos a ver cómo se desenvuelve el proceso legal en vez de lanzarse a la defensa del dirigente acusado, por lo general es menos probable que a los fiscales se les tache de ser parciales.
Nathalie Tocci, una politóloga italiana, tiene algunos consejos aleccionadores para los fiscales bien intencionados que llevan esos casos: “No creo que puedan hacer que resulte bien”.
Eso no es lo mismo que aconsejar no hacerlo.
“Si creen que, en términos jurídicos, hubo un delito y que tienen que proceder, solo háganlo, pero siempre hay una parte que tiene que ver con la justicia y otra con política, y deberíamos tratar de mantenerlas separadas, pero eso es imposible”, explicó Tocci.
Berlusconi, quien fue primer ministro en tres ocasiones, ha sido enjuiciado varias veces, fue hallado culpable de evasión de impuestos, le han anulado otros veredictos de culpabilidad en una apelación y ha evadido otras acusaciones solo con cambiar las leyes.
En medio de todo, al igual que Netanyahu y Trump, ha pasado años presentándose como una víctima perseguida por un sistema político fuera de control y politizado, con lo cual ha reunido a sus partidarios y sobrevivido a un escándalo tras otro.
Según Tocci, esa combinación puede dañar seriamente la confianza que tiene la población en el sistema de justicia; los partidarios del acusado consideran que el sistema es ilegítimo, mientras que los opositores al dirigente lo consideran ineficiente.
“Si se da la exoneración, esto puede ser una prueba de que el sistema judicial funcionó, pero la población dirá que no sirvió de nada y que fue algo motivado políticamente”, señaló.
No obstante, añadió: “Al ver los casos de Berlusconi, yo sostendría que fue bueno hacerlo, aun cuando no sirvió de nada, aun cuando alargó su vida política”.
Los juristas señalan grandes áreas grises. Un proceso judicial puede centrarse en lo que podría ser en verdad un delito, pero estar motivado políticamente o ser debatible.
El dirigente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue hallado culpable de lavado de dinero y corrupción, pero el máximo tribunal del país desechó los cargos en 2021 por parcialidad del juez después de que se supo que el jurista se comunicaba mucho en privado de manera indebida con los fiscales y les consultaba acerca de la estrategia. Lula salió de la cárcel después de 19 meses, y el año pasado volvió a contender por la presidencia, la cual ganó.
Otra área opaca tiene que ver con la impunidad y con diversas formas de corrupción muy comunes.
Justin Vaïsse, un historiador y exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, comentó que Lula “violó algunas de las reglas y principios, pero todos hicieron lo mismo y otros tal vez estaban haciendo cosas peores”, lo que lo convirtió en lo que algunas personas consideraron un blanco de acusaciones selectivas políticamente motivadas.
Vaïse añadió que Chirac no cayó por “el uso como un arma del sistema judicial”, sino por el cambio de normas éticas. Tras fungir como presidente de Francia, Chirac fue hallado culpable de crear puestos ficticios para sus aliados políticos cuando fue alcalde de París algunas décadas atrás.
“En ese entonces, algunas de las cosas que hacía Chirac eran prácticas habituales”, señaló Vaïse.
Bellinger afirmó que para garantizar la imparcialidad (o la apariencia de imparcialidad), los fiscales, al igual que los jueces, deben estar “al margen de presiones políticas” y añadió que ellos mismos deben ser apolíticos “en la medida de lo posible”.
Bellinger reconoció que era difícil que los funcionarios convencieran a la población sobre su imparcialidad cuando enfrentan constantes acusaciones de parcialidad y cuando son designados por funcionarios electos o ellos mismos son electos.
Sin embargo, Bellinger y otros especialistas señalaron que esos desafíos, por muy difíciles que sean, no pueden hacer que el sistema judicial deje de fincar acusaciones legítimas contra los dirigentes políticos.
“Es común que las personas lancen golpes bajos al proceso cuando son arrestadas, pero si alguien roba un banco y lo arrestamos, y luego esa persona amenaza con lanzar una granada de mano al palacio de justicia, el problema no es que la arrestamos por robar un banco”, recalcó Levitsky.
HLL