Hackers atacaron páginas gubernamentales de Guatemala en apoyo a las protestas encabezadas por organizaciones indígenas, que piden la renuncia de la fiscal general por intentar desconocer el voto popular que el electorado dio al progresista Bernardo Arévalo y que lo hizo ganar la presidencia.
Entre las páginas infiltradas se encuentran las de la Secretaría General de la Presidencia, del Organismo Judicial, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Algunos sitios web fueron rápidamente reparados, pero otros siguen sin funcionar.
“Este 14 de Octubre #Anonymous atacará el @GuatemalaGob, pero esta vez no venimos solos”, habían anunciado los hackers @AnonGTReloaded entre semana a través de la red social X. Advirtieron al presidente Alejandro Giammattei que “si aceptó nuestros cyber ataques, ahora tendrá que aceptar una cyber guerra en el cyber espacio de Guatemala, todo es target”.
En respuesta, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia subrayó que el tema era de “seguridad nacional” que se canaliza institucionalmente “como lo establece la ley marco del sistema nacional de seguridad de acuerdo a los protocolos correspondientes”.
Durante 13 días, miles de indígenas lideran protestas y cierres de carreteras para exigir que renuncie la fiscal general Consuelo Porras, así como sus fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, a quienes acusan que junto con el juez Fredy Orellana han iniciado una judicialización del proceso electoral que pone en riesgo la democracia del país.
La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral desde el Tribunal Supremo Electoral, el presidente electo Arévalo, el partido que lo llevó a ganar la presidencia, así como 100,000 ciudadanos que integraron las Juntas Electorales y la Juntas Receptoras de votos que recibieron, contaron, registraron y resguardaron los votos de la población.
Las acciones de la fiscalía han generado un rechazo generalizado, que no sólo han desatado protestas sino el repudio de instituciones nacionales e internacionales.
El viernes, en un mensaje a la nación, el presidente Alejandro Giammattei responsabilizó a los líderes de la protesta por la toma del acueducto Xayá Pixcayá que abastece de agua a la ciudad y pidió que liberaran la represa. En respuesta, las autoridades indígenas desmintieron el sábado al presidente y lo responsabilizaron de criminalizarlos.
“De proseguir con esta estrategia de criminalización del movimiento advertimos que no solo no consigue atemorizarnos, sino al contrario, nos fortalece y nos lleva a la reflexión que el verdadero problema de Guatemala en esta crisis no es Consuelo Porras sino usted, como comandante del pacto de corruptos”, sostuvieron las autoridades indígenas.
La mañana del sábado, Miguel Martínez, un excolaborador del gobierno y amigo personal del presidente Giammattei, y su familia fueron sacados de una misa en la Antigua Guatemala, custodiados por agentes de seguridad del Estado porque manifestantes llegaron a reclamarle su vinculación con supuestos actos de corrupción, entre ellos enriquecimiento ilícito. Martínez no es investigado por la fiscalía.
RSV