Santiago.- Un escándalo de corrupción remece a Chile y a las dos principales entidades fiscalizadoras de los mercados, que el miércoles anunciaron investigaciones internas tras conocerse supuestos pagos de sobornos a funcionarios por parte de uno de los abogados más poderosos del país.
Los sobornos estarían dirigidos a conseguir información privilegiada a través de empleados públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), el organismo que fiscaliza a las entidades y actividades que participan de los mercados de valores, de seguros y de bancos e instituciones financieras.
Según unos audios divulgados la víspera por el medio digital Ciper Chile, el jurista Luis Hermosilla, uno de los más importantes de la plaza, habría sugerido en una reunión con una colega y con su cliente, el empresario Daniel Sauer investigado por la CMF y por el Servicio de Impuestos Internos, de crear una “caja negra” de dinero con el que pagar a funcionarios de los entes de control para obtener información acerca de la indagación abierta a su representado.
La reunión del abogado con Sauer y con su colega jurista se habría realizado en junio pasado. Se desconoce si el pago de sobornos llegó a concretarse.
Pero el caso ha generado gran revuelo en el país.
El presidente chileno, Gabriel Boric, reprochó en X, antes conocido como Twitter, que delitos como los sugeridos en el reportaje “dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas”.
En la conversación transcrita y difundida por el medio, el abogado Luis Hermosilla habría dicho que necesitaban 100 millones de pesos, unos 112.000 dólares. “Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta (grosería) se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre”, se escucha decir al jurista.
El penalista habría admitido ante sus interlocutores que “aquí estamos haciendo una (grosería) que es delito”.
El medio Ciper recoge que “no está claro” por qué alguno de los tres participantes en el encuentro grabó la cita ocurrida en junio.
Hermosilla se pronunció el miércoles sobre la polémica y en un comunicado de descargo aseguró que ha “sido objeto de una maniobra siniestra”. Negó haber “pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, calificó el caso como gravísimo “porque obviamente está comprometida la fe pública” y anunció una denuncia ante el Ministerio Público, que abrió de oficio una investigación.
Lo mismo hará la Comisión del Mercado Financiero, que señaló que es de la máxima gravedad “que se intente influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos de algún tipo, como asimismo aceptarlos o solicitarlos”.
Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne al gran empresariado, expresó la preocupación del sector por los daños a la institucionalidad y a “la confianza que permiten el correcto funcionamiento de los mercados”.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se unió a las críticas y alentó a condenar “con la misma rigurosidad a aquellos funcionarios públicos que pudieran haber estado recibiendo este tipo de coimas, así como aquellos que las pagaron”.
Marcel detalló que los hechos se iniciaron tras la suspensión en marzo de las actividades de STF Capital Corredora de Bolsa, que luego fue multada por montos millonarios, al igual que a su dueño, el empresario Sauer.
Hermosilla, de 67 años, durante su adolescencia militó en el Partido Comunista y durante su época universitaria integró un movimiento derechista. En 1980, colaboró con la Vicaría de la Solidaridad, un ente de la Iglesia católica que defendía los derechos humanos de perseguidos durante la dictadura militar (1973-1990). Dejó esa actividad para dedicarse al ejercicio privado de su profesión.
Entre sus clientes, figuran un conocido futbolista local y un sacerdote irlandés acusado de abusos sexuales.
También asesoró al Ministerio del Interior durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Hasta la víspera representaba a Miguel Crispi, jefe de asesores del presidente Boric, en el caso fundaciones por presuntas irregularidades en la concesión de fondos públicos.
JFF