SANTIAGO.- Un hombre con carteles colgando de su cuerpo en los que se lee “No votar o anular”, “Rechazo”, “Que se vayan todos” vocifera contra los políticos apoyado en una valla frente a la casa de gobierno de Chile. Está solo y nadie parece escucharlo aunque habla a través de un altavoz.
La escena contrasta con las masivas protestas de 2019 en reclamo de más derechos sociales y que forzaron el inicio de un proceso que pretendía enterrar para siempre la Constitución elaborada por los militares en 1980, pero no lo consiguió. La ambiciosa propuesta progresista fue rechazada en las urnas en 2022.
A cuatro años del violento estallido social que sorprendió al mundo por darse en uno de los países considerados más estables de América Latina, Chile votará el domingo por una segunda iniciativa constitucional que no ha generado tanto interés en la sociedad.
Los votantes tendrán que elegir entre seguir con el texto del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), que han usado durante más de tres décadas de democracia con numerosas reformas, o aprobar uno todavía más conservador que prevé un Estado con menos peso y menos recursos y podría limitar algunos derechos.
No hay entusiasmo en las calles de Santiago ante la nueva cita electoral.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el centro de Santiago, donde estudian muchos de los que participaron en el estallido de 2019, cunde el desánimo. Apenas hay publicidad electoral. Cerca de allí un par de muros descascarados recuerdan a algunos de los muertos en los enfrentamientos con la policía.
“La esperanza se fue perdiendo con el tiempo”, explicó Malen Riveros. “Ya se olvidó por qué salimos a la calle”, se lamentó la joven de 19 años que, pese a todo, dice que protestar tuvo sentido aunque ahora deban elegir entre lo malo —un segundo fracaso constitucional— y lo peor —un retroceso—.
Las últimas encuestas dan una ventaja al rechazo al texto. Una de las más recientes, de la firma Cadem de finales de noviembre, hablaba de un 46% en contra frente a un 38% a favor. Pero en todos los sondeos la diferencia se ha ido estrechando en las últimas semanas. El porcentaje de indecisos alcanza los dos dígitos en algunos casos y nadie descarta sorpresas.
“Es una vergüenza como país que la clase política haya desaprovechado esa energía redactando primero una propuesta de Constitución con populismos de izquierdas y ahora de derechas”, se quejó Francisco Sepúlveda, un estudiante que con solo 21 años ya ha ido ocho veces a votar, un ejercicio que ha acabado hartando a muchos chilenos.
La angustia de Sepúlveda es comprensible. Chile ha oscilado entre la izquierda y la derecha mientras buscaba una especie de renacer político y social de la mano de una nueva Constitución, un objetivo apoyado en 2020 por casi el 80% de los electores.
Conseguir una nueva carta magna no sólo era simbólico por librarse de un legado de la dictadura sino también necesario si se quería dotar de más herramientas al Estado para resolver problemas básicos de salud, educación, vivienda o seguridad, explicó Pamela Figueroa, de la Universidad de Chile. Como ejemplo recordó que durante la pandemia hubo que aprobar reformas constitucionales para poner en marcha medidas de salud universales y gratuitas dado el papel prioritario que la Constitución otorga al sector privado.