Las fuerzas armadas de Estados Unidos abrieron el jueves un nuevo capítulo en la forma en que investigan y procesan los casos de agresión sexual y otros delitos graves, poniendo a abogados independientes a cargo de esas decisiones y relegando a los comandantes tras años de presión por parte del Congreso.
El cambio, al que durante mucho tiempo se resistieron los líderes del Pentágono, fue forzado finalmente por miembros frustrados del Congreso, los cuales creían que con demasiada frecuencia los comandantes no se tomaban en serio las denuncias de las víctimas o intentaban proteger a los presuntos agresores dentro de sus destacamentos.
La nueva ley se vio impulsada por un aumento persistente de las agresiones y acosos sexuales en todas las fuerzas armadas. En la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Infantería de Marina y la Armada hubo incrementos en las denuncias de agresiones sexuales el año pasado, pero un fuerte descenso del 9% en las denuncias en el Ejército —la rama más numerosa de las fuerzas armadas— hizo descender la cifra total. En 2021, las agresiones denunciadas aumentaron un 13%.
En virtud de la ley, los nuevos consejeros especiales tendrán autoridad para tomar decisiones de enjuiciamiento en relación con una serie de delitos graves, incluido el asesinato, la violación y otros delitos relacionados con agresiones sexuales; el secuestro, la violencia doméstica, la fabricación o posesión de imágenes de abusos sexuales a menores, el acoso y las represalias.
En un comunicado, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, la consideró “la reforma más importante de nuestro sistema de justicia militar desde la creación del Código Uniforme de Justicia Militar en 1950“.
No está claro, sin embargo, qué impacto tendrá tal cambio en el problema más amplio de la transgresión sexual dentro de las fuerzas armadas, incluyendo si ello provocará un aumento de los enjuiciamientos y, en caso afirmativo, si eso tendrá algún efecto disuasorio.
Altos funcionarios de las fuerzas armadas que están familiarizados con el nuevo programa dijeron que ya cuentan con más de 160 abogados litigantes especiales certificados que se harán cargo de las decisiones de enjuiciamiento a partir del jueves. Muchos de esos abogados, sin embargo, ya han estado involucrados, proporcionando asesoramiento y apoyo durante meses en casos que están en curso. Los funcionarios hablaron con los periodistas a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre el nuevo programa bajo las normas establecidas por el Departamento de Defensa.
Los abogados judiciales especiales serán, a partir del jueves, los únicos facultados para tomar decisiones de enjuiciamiento en los nuevos casos relacionados con los delitos graves. Cualquier asesoría sobre casos ya existentes no es vinculante, dijeron los funcionarios.
Según los funcionarios, el Ejército tendrá 65 abogados judiciales certificados, la Fuerza Aérea contará con 40, el Cuerpo de la Infantería de Marina tendrá 33 y la Armada dispondrá de 24, con 23 abogados que aún no están certificados y que asesorarán en los casos. Se prevé que unos 10 más sean certificados en el verano.
DMD