El gobierno de Perú volvió a defender el martes la decisión de haber excarcelado en diciembre al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por matanzas durante su gestión, ante la controversia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
“Vamos a responder con las armas del Derecho nacional y el Derecho internacional y vamos a explicar las razones del Estado peruano“, comentó el ministro de Justicia del país andino, Eduardo Arana.
“Creemos que nuestra decisión, del Estado y del gobierno, está ajustada a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales“, reiteró Arana.
Semanas atrás, la presidenta peruana, Dina Boluarte, también defendió la decisión alegando que había una orden del Tribunal Constitucional y que ignorarla, sería incumplir ese mandato. Pero además, reprochó a la Corte IDH por haber sesionado hasta 16 veces sobre el asunto sin llegar a una resolución.
La Corte IDH declaró a Perú en desacato por haber excarcelado a Fujimori pese a los requerimientos que le hizo de no hacerlo hasta que se defina si esta medida incumplía una sentencia internacional para que se sancionen las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta.
Fujimori fue condenado desde 2009 por esos dos episodios, ocurridos durante su administración (1990-2000), en que militares de un grupo clandestino asesinaron y desaparecieron a civiles en 1991 y 1992, en contexto de una guerra antisubversiva contra el grupo Sendero Luminoso.
Además, la Corte IDH anunció un proceso de supervisión forzosa, dispuso incluir este incumplimiento en su informe anual y requirió a Perú un informe con plazo hasta el 4 de marzo del actual año.
El ministro de Justicia indicó el martes que se está “recabando información y es solo con el propósito de tener los elementos de juicio para responder adecuadamente a la Corte Interamericana“, añadió sobre un reciente pedido que hizo al Tribunal Constitucional (TC) para que le envíe el expediente del caso.
El TC ordenó en diciembre la excarcelación de Fujimori resucitando un indulto por razones humanitarias que le fue concedido a finales de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que fue anulado por el Poder Judicial en el 2019 alegando irregularidades. El Tribunal Constitucional lo declaró válido el 2022 y estuvo paralizado hasta la ejecución por el actual gobierno el pasado 9 de diciembre.
La controversia se suma a propuestas en el Congreso para que Perú se retire de la Corte IDH, pese a que la presidenta Boluarte descartó esa vía. “No tenemos ninguna motivación para salirnos de la Corte IDH“, dijo el 19 de diciembre en conferencia de prensa.
DMD