Buenos Aires.- El gobierno argentino descontará el día no trabajado a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional del 24 de enero convocado por la principal central sindical en contra de las reformas económicas y laborales que promueve el presidente Javier Milei, lo que ha generado las primeras reacciones de rechazo.
“El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará”, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni en una rueda de prensa celebrada el jueves.
El funcionario también calificó de “infantiles” las razones esgrimidas por los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) para llamar a la medida de fuerza y confirmó la decisión de abrir una línea telefónica anónima para “todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados, obligados a parar” y quieran denunciarlo.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), arremetió contra la medida anunciada en su cuenta de X, antes Twitter. “¿Qué van a hacer con la (plata) que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total”, cuestionó el sindicalista, para luego apuntar con ironía si el gobierno entregará el dinero que sea descontado al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que debe pagar un préstamo de unos 45.000 millones de dólares.
“Hay dos tipos de huelga: las que se realizan para conquistar derechos, y las que se hacen para resistir cuando los trabajadores están siendo agredidos, atacados y todos sus derechos vulnerados. ¿Cuál de las dos crees que vamos a llevar adelante? El 24 los estatales paramos en todo el país. Vos también podrías parar, pero de decir burradas”, le espetó el gremialista al vocero presidencial.
La CGT convocó el 28 de diciembre a la primera huelga general contra el mandatario ultraliberal que había asumido el poder el día 10 de ese mismo mes y luego de que anunciara una batería de reformas de gran calado. El paro será acompañado por una movilización en Buenos Aires.
La protesta va dirigida en contra de un decreto presidencial que contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes para desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado y que habilita profundos cambios en materia laboral, así como en rechazo de un amplio proyecto de ley con reformas en el ámbito político, social, fiscal y de seguridad, entre otros.
La CGT y otras centrales sindicales y organizaciones sociales izquierdistas que se sumarán a la protesta sostienen que el gobierno pretende amedrentar a los trabajadores y “criminalizar” la protesta social.
Al ratificar días atrás la medida de fuerza, Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, dijo que las iniciativas reformistas de Milei “atacan derechos individuales, derechos colectivos, limitan la acción sindical en el momento de mayor desigualdad del país”.
El decreto restringe el derecho a huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y contempla la posibilidad de elegir nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.
A su vez, habilita a los trabajadores a dirigir sus aportes en forma directa a prestadores de salud privada en vez de hacerlo a través de obras sociales sindicales como hasta ahora, lo cual afecta una importante caja de recursos para el sector.
A poco de asumir el poder, Milei puso primero en marcha un severo plan de ajuste para reducir el gasto público y disminuir el déficit fiscal, al que responsabiliza mayormente de la inflación de 211% anual.
Luego publicó el decreto, cuyo capítulo laboral ha sido suspendido por un tribunal a instancias de las demandas iniciadas por la CGT y otras centrales sindicales y terminaría siendo analizado por la Corte Suprema. Posteriormente, presentó el proyecto de ley que en la actualidad es debatido en comisiones legislativas y encara un futuro incierto, ya que el oficialismo está en clara desventaja numérica en ambas cámaras.
Todas las iniciativas buscan, según ha aseverado el mandatario, combatir la inflación —el principal problema de Argentina—, reducir la pobreza que afecta a más de 40% de la población y sentar las bases para lograr la estabilidad y el crecimiento económico.
JFF