La candidata opositora venezolana María Corina Machado acusó al presidente Nicolás Maduro de violar los acuerdos de Barbados que fijaron la hoja de ruta electoral entre las delegaciones del gobierno venezolano y la oposición y afirmó que sigue en carrera pese a que el Tribunal Supremo ratificó su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Quiera o no quiera Maduro, tendrá que medirse conmigo“, dijo Machado en una rueda de prensa. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, confirmó la inhabilitación de la exlegisladora para ejercer cargos de elección que le impuso la Controlaría General, también en manos del oficialismo.
En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona y se determina que, además, incurrió en abuso de poder o del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales.
El Tribunal Supremo y otros organismos del Estado han tomado decisiones similares por años contra varios de los rivales del oficialismo más populares. También han sido declarados ilegales varios partidos opositores.
Machado, de 56 años, ganó las primarias presidenciales de la oposición en octubre con más de 90% de los votos. Su victoria se produjo a pesar de que el gobierno anunció su inhabilitación pocos días después de que se inscribiera formalmente en la contienda.
“Maduro no escogerá el candidato” de la oposición para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre de 2024, indicó Machado, quien no reconoce la inhabilitación y ha seguido haciendo campaña argumentado que nunca recibió una notificación oficial de la prohibición.
“Ya la gente escogió a su candidato”, aseveró la exlegisladora. “Ellos incumplieron su palabra, han inventado documentos y emitieron una decisión que no se puede llamar sentencia. Esto se llama delincuencia judicial”.
Machado, que no reconoce su inhabilitación y confía que eventualmente sea revertida, pudo participar en las elecciones primarias porque fueron organizadas por una comisión independiente, no por las autoridades electorales venezolanas.
Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora que participó en los diálogos de Barbados en octubre, exigió el fin de semana la reversión de la decisión y denunció la violación del acuerdo alcanzado con el gobierno para la realización de comicios competitivos.
Machado además agradeció el apoyo de la comunidad internacional, encabezado por Estadios Unidos y la Unión Europea. Agregó que si “existe negociación es porque todos saben que en Venezuela no hay Estado de Derecho. La respuesta no está en los tribunales, está en una negociación y esa negociación se logra con equilibrio de fuerzas”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la descalificación de Machado “es incongruente” con el compromiso del gobierno de Maduro de celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Washington resaltó que está “revisando” la política de sanciones a Venezuela como consecuencia del fallo del tribunal y de las recientes acciones contra críticos del gobierno, entre ellos miembros del equipo de campaña de Machado, activistas de derechos humanas y periodistas.
Pese a que estaría en riesgo la flexibilización limitada y temporal de las sanciones aplicada por Washington para alentar la negociación, el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, negó la posibilidad de reversión del fallo.
“Vamos a hacer un nuevo intento para sostener el Acuerdo de Barbados pese a los intentos de quienes se quieren salir del cauce constitucional”, dijo Rodríguez en alusión a las supuestas conspiraciones contra el gobierno frustradas entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024. Insistió que el gobierno de Maduro ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco del Acuerdo de Barbados.
DMD