Bogotá.- El gobierno del izquierdista Gustavo Petro abrió la puerta para un nuevo intento de negociación con el Clan del Golfo —el mayor cártel de narcotráfico activo- dentro del marco de una política de “paz total” que, según los expertos, muestra puntos frágiles que han quedado expuestos en una reciente crisis provocada por un ataque a la población civil.
Hasta ahora, el Clan del Golfo ha estado al margen de la “paz total”, que pretende diálogos simultáneos con múltiples grupos armados y bandas urbanas, pese a tener presencia en un tercio del territorio colombiano. Es la pieza faltante en la política y una de las más difíciles de encajar, según advierten analistas.
“Por fuera de la paz total tienen más poder: pueden presionar por territorio, rentas ilícitas y actuar como quieran sin ningún reglamento. Para los demás armados la mayor amenaza es el Clan del Golfo, no el Estado”, señaló Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, a The Associated Press.
Negociar con el Clan del Golfo pasa por definir su tratamiento jurídico. En Colombia hay dos vías: el diálogo con actores ilegales que han recibido estatus político —aunque también trafiquen y cometan otros delitos—, o un sometimiento a la justicia de estructuras de crimen organizado que no se cree que tengan móviles políticos y en el que no recibirían tantos beneficios jurídicos ni serían juzgados en un tribunal especial.
El Clan del Golfo tiene sus orígenes en la década del 2000 luego de que se desmovilizaran los grupos paramilitares. Sin embargo, su principal móvil no ha sido derrotar a las guerrillas de izquierda, sino mantener y expandir sus rentas ilegales.
Las autoridades calcularon para 2021 que el Clan tenía la capacidad de exportar hasta 20 toneladas de cocaína al mes.
Petro propuso al Clan un acogimiento colectivo a la justicia que tenga una negociación jurídica con la fiscalía, con el fin de desmontar sus negocios ilícitos que incluyen narcotráfico, extorsión y tráfico de migrantes.
Sin embargo, el también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ha pedido tener una negociación política en la que traten sobre “transformaciones sociales” en los lugares en los que tienen injerencia.
La discusión sobre el sometimiento a la justicia o el trato político puede tardar, un punto en contra para el gobierno que ha tenido como prioridad impulsar la “paz total” y lograr resultados visibles en el mandato de Petro, que termina por ley en el 2026, según los analistas.
Ariel Ávila, senador del centrista Partido Verde y quien fue ponente de la ley que avaló al gobierno a negociar con actores armados, advirtió en declaraciones a la AP que el principal problema con el Clan del Golfo es que actualmente no hay un marco jurídico para el sometimiento a la justicia, dado que el Congreso no lo ha reglamentado.
“La paz total es una política que va mal porque la mitad, que es el sometimiento, no existe, es un discurso”, indicó Ávila, quien resaltó que ante falta de reglas claras no hay incentivos definidos para que los miembros rasos y los mandos medios del Clan quieran dejar las armas y los rentables negocios ilícitos.
Una posible negociación con el cártel se sumaría a otras más avanzadas y con dificultades propias. El gobierno tiene mesas de negociación política con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llamadas Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia.
Actualmente atraviesa una crisis el diálogo con el Estado Mayor Central que atacó durante el fin de semana una población indígena del Cauca, al suroeste del país, cuando protestaban por el secuestro de un joven.
Una líder indígena perdió la vida y dos hombres quedaron heridos. Como consecuencia, Petro suspendió el cese al fuego bilateral en el suroeste del país.
Jorge Restrepo, director del centro de investigación y estudios sobre conflictos armados CERAC, explicó a la AP que lo que complica los diálogos es la naturaleza misma del EMC, compuesto por varias agrupaciones, que no tienen estructuras de comando y control ni un mandato que los cohesione, sino intereses diversos de acuerdo al lugar del país en el que estén y las rentas ilícitas que dominen.
En el fondo, la voluntad de paz de los grupos se cuestiona cada vez que atacan a la población civil, pese a estar en medio de ceses al fuego con el Estado.
Para Jairo Libreros, experto en Defensa y profesor de la Universidad Externado de Colombia, un problema estructural de la política de “paz total” es que falta una estrategia de seguridad sólida, porque a su juicio los grupos armados dejan de atacar al Estado en los ceses al fuego, pero mantienen operaciones con otros armados para disputar los negocios ilícitos y contra la población civil.
Pese a los diálogos de paz que se adelantan, el gobierno ha aceptado que en meses recientes han aumentado las tropas del ELN, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo.
Un informe reciente del Equipo Humanitario País —conformado por agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y donantes— advirtió que esa expansión de los grupos armados deja a la población civil expuesta a una violencia más “silenciosa”, dado que en 2023 se redujeron los desplazamientos masivos y los confinamientos, pero aumentaron el asesinato de líderes sociales, el secuestro y el reclutamiento de menores.
JFF