Buenos Aires.- En medio de la ofensiva del sindicalismo argentino contra el plan de ajuste del presidente Javier Milei, el gremio de los empleados estatales realizó el miércoles un paro mientras decenas de trabajadores despedidos ingresaron a ministerios y otros organismos públicos donde celebraron asambleas para definir próximas medidas de protesta.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezó la jornada de movilización contra las políticas de fuerte recorte del gasto público del mandatario ultraliberal, que han generado unos 15.000 despidos en los distintos niveles del Estado. Organizaciones gremiales pertenecientes a dos combativas centrales sindicales adhirieron a la protesta.
En Buenos Aires, epicentro des manifestaciones, cientos de trabajadores, muchos de ellos despedidos en los meses posteriores a la asunción de Milei en diciembre, se congregaron en las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo y luego entraron a sus instalaciones para reclamar la reincorporación de 520 despedidos a sus puestos de trabajo. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, propuso la realización de un paro nacional “antes de que termine esta semana”.
El sindicalista instó a “profundizar el plan de lucha hasta llegar a impedir que nos sigan ajustando”.
Durante la jornada manifestantes también ingresaron al Ministerio de Salud e Interior, así como al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Además está previsto que entren a las sedes de otras carteras.
Varias instalaciones oficiales estaban fuertemente custodiadas por la policía en el marco de las severas medidas que aplica el gobierno para impedir la ocupación de calles y espacios públicos durante las protestas.
En el Inadi, cuyo cierre ha anunciado el gobierno, exempleados forcejearon con la policía en su intento por ingresar al edificio.
Finalmente, varios lo lograron, entre ellos la abogada Florencia Ugarte, de 50 años, quien desde hace 14 años asiste a personas que han denunciado ser víctimas de discriminación.
Ugarte contó a The Associated Press que el miércoles pasado unos 50 compañeros recibieron correos electrónicos anunciando que sus contratos laborales no iban a ser renovados. Indicó que es muy probable que ella integre la próxima tanda de despidos.
La abogada señaló que el Inadi ha recibido numerosas denuncias de migrantes, de personas con discapacidades y aquellas con distinta orientación sexual o identidad de género y lamentó que el organismo vaya a desaparecer. “Nos tienen sin hacer tareas. La gente ya no viene a denunciar. Tienen cortada (la línea de teléfono) donde podés hacerlo. Están vaciando el organismo”, sostuvo Ugarte.
ATE denunció que “el gobierno ultraneoliberal y neofascista de Javier Milei… está arrasando con políticas públicas sumamente sensibles” y que “el desguace de (la Secretaría de) Trabajo es un primer paso de un ataque mayor contra los derechos y puestos de trabajo de los trabajadores del sector privado y público en general”.
Según Aguiar el gobierno atenta contra el derecho a la estabilidad en el empleo público” que está salvaguardado por ley.
El Ejecutivo ha informado que 15.000 contratos del sector público han sido dados de baja al 31 de marzo.
Milei sostiene que el Estado argentino está sobre dimensionado y que es necesario recortar personal en el marco de su objetivo de mantener el déficit cero eliminando muchos puestos que considera que fueron designados por afinidad política en administraciones anteriores. Los gremios sostienen que el recorte está terminando mayoritariamente con los empleos de personas que cumplen adecuadamente sus tareas.
El portavoz presidencial Manuel Adorni apuntó que los despidos son “parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado”. El funcionario dijo que las personas cuyos contratos no fueron renovados “tal vez no tenían un trabajo muy definido y del otro lado hay un contribuyente que paga”.
El gobierno afirma que sus políticas ortodoxas lograron que en los dos últimos meses se haya registrado superávit financiero. “Se ha hecho una reducción del gasto público de 5 puntos del PBI (Producto Bruto Interno) sólo en los gastos del Tesoro y una caída del gasto primario del Estado en términos reales del 40%”, señaló días atrás Adorni.
Acotó que de los más de 70.000 contratos (laborales) revisados en el sector público, 15.000 fueron dados de baja —lo que no incluye a las empresas públicas y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados— y el resto “será renovado por seis meses”, aunque “se seguirá avanzando en el análisis de cada uno”.
El ajuste impulsado por Milei generó un paro nacional de la Confederación General del Trabajo —la principal central sindical— a fines de enero y otras medidas de protesta por parte de gremios de distintos sectores. El principal sindicato docente realizará una nueva huelga el jueves en reclamo de la restitución de un fondo público para ese sector.
JFF