Lima.- Un equipo fiscal detuvo el viernes por 10 días sin comunicación al hermano y al abogado de la presidenta peruana, Dina Boluarte, por presuntamente integrar un grupo que traficaba influencias, un día después de que el gobierno peruano desmantelara un equipo policial de élite que investigaba al entorno presidencial.
La orden judicial que dispuso las detenciones recoge que la fiscalía le imputa a Nicanor Boluarte los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por la designación de prefectos -funcionarios que reportan conflictos sociales en zonas alejadas- a cambio de dinero y de la recolección de firmas para la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú”, de acuerdo con una copia del documento judicial a la que tuvo acceso The Associated Press.
La fiscalía informó en sus redes sociales las detenciones realizadas por un equipo especial contra la corrupción, luego de que la víspera el gobierno desactivara a un grupo policial que apoyaba a este grupo de fiscales en las investigaciones del entorno de la presidenta, del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), de una suspendida fiscal general y de varios legisladores.
El operativo es un nuevo episodio que aumenta la presión sobre Boluarte, investigada por presunto enriquecimiento ilícito por el uso de varios relojes y joyas de lujo. La presidenta llegó al poder en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces mandatario Castillo por intentar disolver el Congreso para evitar una votación de remoción en su contra y gobernar por decreto.
El allanamiento de las viviendas y la detención por 10 días sin comunicación de Nicanor Boluarte y del abogado presidencial Mateo Castañeda desplegó decenas de fiscales y policías, según observó un equipo de AP. El arresto sin comunicación sólo es usado por la justicia en casos graves.
Boluarte no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre la detención de su hermano y su abogado a través de su oficina de prensa.
El fiscal general Juan Villena exigió el viernes que se reponga “de inmediato” al grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Dijo que las detenciones del hermano y el abogado de la presidenta permiten comprender que “existen motivos para considerar que habría indicios de alguna conducta delictiva” al intentar “el entorpecimiento o frustración de las investigaciones fiscales”.
Nicanor Boluarte, de 64 años, salió de su casa con lentes, el rostro cubierto por una careta, una gorra y con las manos esposadas debajo de una chamarra. La policía lo trasladó en medio de periodistas que lo interrogaban a cada paso. “Soy inocente”, dijo. Nicanor es el penúltimo de 12 hermanos y la mandataria, de 61 años, es la última, todos nacidos en el distrito de Chalhuanca, en los Andes.
El abogado Castañeda -quien asesora a la mandataria en una investigación por el uso de joyas y relojes de lujo marca Rolex- es investigado porque presuntamente intentó obtener el archivamiento de las investigaciones contra Nicanor Boluarte al ofrecer “beneficios” a los miembros del equipo policial que ayuda en las investigaciones fiscales.
Según el documento judicial de 192 páginas, el abogado Castañeda buscó obtener información que involucre a la mandataria y posteriormente “habría concertado” con la presidenta para “defenestrar” al equipo especial de la policía que apoyaba a los fiscales luego de que uno de los policías que lidera el grupo no accediera a las pretensiones de neutralizar las investigaciones contra el hermano de la mandataria.
Sin mencionar las detenciones de su entorno, la mandataria señaló más tarde durante una actividad pública que “no nos vamos a distraer en asuntos menores” porque “creemos en la justicia”.
Para la fiscalía, la finalidad de la organización criminal del hermano de la presidenta sería la de “copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político ‘Ciudadanos por el Perú’, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas”, según el documento judicial.
JJJC