Ciudad de México.– En este sistema de desvío de recursos públicos en Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) caben todos: servidores de la nación, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios.
Un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.
En los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.
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En 2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador, se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911. Deseaban exponer todas las fallas del programa federal.
Un 60% de los reclamos ingresaron por el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.
Los expedientes fueron turnados a la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de investigar y de sancionar las posibles irregularidades.
En la versión pública de las quejas entregadas, la SFP testó el nombre del ciudadano, el lugar donde sucedieron los hechos y el nombre y cargo del funcionario. Lo que sí se puede conocer son algunas de las formas en que se llevan a cabo las irregularidades.
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Usurpación de identidad
“Atienda este aviso, URGENTE RESPUESTA”, se lee en un mensaje de WhatsApp que una empresaria afiliada a Jóvenes Construyendo el Futuro recibió a finales de 2019. El texto llegó cuando la propietaria de una estética canina llevaba cuatro meses capacitando a dos becarios.
La persona que le envió el mensaje se identificó como “servidora de la nación”, y la amenazó con dar de baja su negocio del programa. Para no hacerlo le exigió la ficha de alta y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave. Accedió.
Un par de semanas después, la veterinaria intentó ingresar a la plataforma de JCF pero su correo electrónico y contraseña habían sido modificados. Cuando logró recuperar su cuenta descubrió que el nombre del tutor, el teléfono, correo electrónico y domicilio habían sido cambiados.
Con su mismo RFC y registro la estética canina pasó de capacitar a cinco becarios a convertirse en una agencia de diseño gráfico con cabida para 75 jóvenes.
“Hay una empresa distinta dada de alta en el programa con mi RFC. Lo anterior además de resultar una indebida utilización de mis datos personales, también implica un indebido ejercicio de los recursos públicos y corrupción”, expuso la afectada en la denuncia de hechos.
Casos similares son relatados en 16 quejas que acusan usurpación de identidad, amenazas y hostigamiento presuntamente cometidos por “servidores de la nación” y funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
“En mi negocio se presentó un representante del programa. Me preguntó cuántos jóvenes tienes, yo le contesté que tres, él me dijo que necesitaba darle mil pesos por cada uno, si no me daría de baja. No le tomé importancia pero hoy me llegó un correo que mi empresa fue dada de baja, no sé qué hacer, espero me ayuden”, se narra en otra denuncia.
Denuncian “moches”
El condicionamiento de la beca a cambio de un porcentaje del dinero y la retención de las tarjetas bancarias personales es uno de los esquemas de defraudación que más ciudadanos acusaron.
En 43 casos revisados se señala este sistema operado por supuestos gestores que “ayudaron” a becarios a ingresar a la plataforma y a cambio les pidieron de 800 a 2 mil 500 pesos mensuales.
En 2019 la beca juvenil alcanzó un pago mensual de 3 mil 600 pesos y al año siguiente se incrementó a 3 mil 748 pesos.
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Según las denuncias los intermediarios habrían retenido entre 25% y 70% del apoyo.
En un expediente fechado al 5 de junio de 2020 se describe la operación de una supuesta red de corrupción que es coincidente con lo narrado en la mayoría de las quejas. En esta estructura hay empresas, jóvenes y funcionarios involucrados.
“Hay un cabecilla que organiza a la gente. Consiguen pequeños propietarios que se presten al esquema para usar su documentación. Luego consiguen becarios para darlos de alta en el sistema y registrarlos en los negocios que son de ellos. El cabecilla se queda con las tarjetas y cuando cae la beca reparte el dinero entre los jóvenes, los propietarios y un funcionario que se presta a este esquema”, detalla.
FRG