Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, podría ser “exonerado” de las investigaciones por recibir dinero en sobres de David León, excoordinador nacional de Protección Civil.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) emitió un dictamen en el que propuso archivar por falta de evidencias la investigación que inició contra Pío López Obrador, por los videos en los que fue filmado recibiendo dinero en efectivo de David León.
El pasado 30 de junio la Fiscalía a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti acordó la consulta de no ejercicio de la acción penal, por falta de elementos para acreditar un delito electoral, pero el caso aún no tiene la firma definitiva para autorizar el “carpetazo”.
Esta propuesta para archivar la carpeta de investigación fue turnada a la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la FEDE, para su revisión y, de considerarlo así, para que autorice el cierre de la indagatoria sin imputación judicial contra Pío.
La FEDE informó a Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, que desde el 30 de junio dictó un acuerdo para determinar la investigación, sin embargo apenas ayer la Fiscalía le informó el juzgado el sentido en que pretende determinar la investigación.
“Ahora bien, glósese a los autos el diverso libelo presentado por el Director General Jurídico en Materia de Delitos Electorales, a través del cual, refiere que el 30 de junio de 2020, le fue remitida la carpeta de investigación, que nos ocupa, y que a esta data aún no ha emitido pronunciamiento alguno respecto del proyecto de resolución de No Ejercicio de la Acción Penal planteada por la responsable”, señala el juez Sena, en un acuerdo publicado este viernes.
“Sin embargo, aduce que una vez que este estudio haya sido completado, emitirá la determinación correspondiente para que el agente ministerial responsable esté en condiciones de emitir una resolución definitiva del no ejercicio de la acción penal o atender a las instrucciones que le sean indicadas por esa dirección jurídica, a efecto de que esté en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo”.
El pasado 26 de mayo, el juez Sena Velázquez concedió el amparo a Pío y otorgó un plazo de 60 días a la FEDE para resolver si ejerce la acción penal o archiva por falta de pruebas la investigación contra el hermano del primer Mandatario.
En un hecho inusual, la Fiscalía General de la República no impugnó el amparo que ganó Pío López hace casi dos meses, por lo que al día siguiente de la notificación del fallo empezó a correr el plazo de los 60 días que vence el próximo martes.
La FGR, con sus agentes del Ministerio Público Federales adscritos a cada juzgado, tienen por costumbre impugnar mediante el recurso de revisión todas las sentencias de amparo que le son adversas, lo que implica alargar hasta por otro medio año la decisión final del litigio.
Pero en este caso no fue así. El 15 de junio el juez Sena Velázquez publicó un acuerdo para anunciar que el amparo en favor del hermano del Presidente ya había causado ejecutoria, es decir, ya no podía ser impugnado, al haber transcurrido los 10 días del plazo legal para hacerlo.
“De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de 26 de mayo. Consecuentemente… se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria”, estableció el juzgador.
Este fallo obligó a la FGR a resolver sin excusa la carpeta de investigación y el 30 de junio acordó la consulta de no ejercicio de la acción penal.
Desde ese momento, el juez Sena le ha requerido a la FEDE la copia de ese acuerdo, pero la autoridad ministerial no la ha entregado argumentando que aún no es definitivo y puede no ser autorizado.
“Aduce además, que remitir copia certificada de la determinación de 30 de junio de 2022, emitida dentro de la indagatoria… resultaría ‘infructuoso’ para los fines pretendidos, toda vez que la misma se encuentra, bajo la autorización, modificación o incluso revocación por parte de servidor público en que se delegaron dichas atribuciones”, señaló.
En agosto de 2020 se difundieron dos videos en los que David León Romero, ex Coordinador Nacional de Protección Civil, entrega al hermano del Presidente dinero en efectivo, envuelto en bolsas y sobres.
En uno de los videos grabados en 2015, León menciona que la entrega es de un millón de pesos para apoyar al “movimiento” (presuntamente Morena) en Chiapas, donde radica y ha hecho actividad política Pío López Obrador.
En otro video, grabado en un restaurante, se ve al hermano del Presidente recibiendo un sobre que, según expresa León, contiene 400 mil pesos.
La FEDE inició la carpeta de investigación el 3 de septiembre de 2020, luego que las dirigencias de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaran sus respectivas denuncias, mismas que fueron acumuladas en un solo expediente.
Pío López Obrador y David León comparecieron y rindieron su declaración ante la FEDE el 11 de septiembre y el 2 y 14 de octubre de 2020.
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