Ciudad de México.- El informe de la comisión presidencial para el Caso Ayotzinapa redujo a 33 el número de presuntos responsables de la desaparición y el asesinato de los 43 normalistas. En 2019, tras rendir su propio informe, la CNDH acusó a 375 servidores públicos por delitos relacionados con el mismo caso.
Además, si bien el informe presentado el jueves concluyó que la desaparición y asesinato de los estudiantes fue un “crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y “agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano”, el informe de la CNDH acusó a corporaciones completas como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República o la Policía Federal Ministerial, aunque sin mencionar el término “crimen de Estado”.
En julio de 2019, al emitir la Recomendación 15VG/2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó haber presentado seis denuncias penales contra 235 funcionarios públicos y doce administrativas contra otros 140 por delitos como tortura y omisiones.
Entre los denunciados estaba personal de la entonces Procuraduría General de la República y de Justicia de Guerrero por ser omisos para frenar la masacre de la noche del 26 de septiembre.
Según el informe, con 2 mil 178 páginas de detalles, la primer corporación que fue informada del ataque a los estudiantes fue la PGR.
A las 21:45 horas, su delegación estatal recibió una llamada del C-4 de Iguala que le informó que los alumnos de la Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con policías municipales en el centro de esa ciudad.
“Le hubiera tomado máximo 7 minutos a la autoridad federal investigadora trasladarse de sus oficinas al lugar al que hubiera arribado a las 21:52 horas”, indicó el informe de la CNDH que también señaló la omisión de otras corporaciones civiles y del 27 Batallón de Infantería.
El informe de la comisión presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa apunta a que fue el Ejército, el primero en enterarse pues mantenía infiltrada a la Normal de Ayotzinapa mediante el soldado Julio César López Patolzin, cuyo último reporte fue enviado al filo de las diez de la mañana del día de la masacre y que hasta ahora se encuentra desaparecido.
“De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, acusó Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos.
El dato de que el Ejército mantenía a un infiltrado en la Normal fue revelado desde junio de 2015 por la revista Proceso.
Encinas, encargado de la comisión presidencial para Ayotzinapa, informó de una lista de 33 personas acusadas ante la Fiscalía General de la República. No dio nombres, para no violar el proceso. Sin embargo, en el expediente de 103 páginas más anexos, hay una lista oculta tras una marca negra, pero con 51 acusados: 10 servidores públicos federales, 17 municipales y 24 integrantes de Guerreros Unidos.
“Es la Fiscalía quien tiene que dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de Peña Nieto no”, dijo Encinas que el jueves por primera vez reconoció que los 43 jóvenes fueron asesinados.
“No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”, concluyó.
El funcionario sostuvo haber desmentido la “Verdad Histórica”, presentada en enero de 2015 por el ex Procurador Jesús Murillo Karam (que afirmó que los 43 estudiantes habían sido asesinados y sus restos incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero), basándose principalmente en que los 43 nunca estuvieron juntos. Aunque ya en el Apartado 14 del informe de la CNDH planteaba que el grupo iba divido en los camiones 1568 y 1531.
En su informe la CNDH acusó también la “poca o nula” disposición de los juzgados para cooperar en la resolución del caso. Incluso recomendó concentrar en un solo Tribunal todos los procesos penales, un asunto que denunció igual Encinas. “Los padres han pedido una jurisdicción única, no ha habido respuesta”, dijo.
El informe de la Comisión presidencial contiene datos del informe de la CNDH, pero en la presentación del reciente estudio, el Subsecretario sólo lo mencionó cuando le preguntaron si ya estaba descartado. “Bueno quien la ha descartado es la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente”, dijo para hablar de la actual titular de la Comisión.
En esa misma respuesta, Encinas, quien había dicho que no se había encontrado más material genético suficiente para lograr su identificación en la Universidad de Innsbruck, de Austria, consideró que se debería de hacer caso a la recomendación de 2019 de la CNDH de enviar a Innsbruck 114 restos óseos propuestos con material orgánico susceptible de análisis.
“Hay una discusión entre los peritos respecto a si tienen el contenido de ADN suficiente para una identificación. En lo personal, creo que debe complementarse esa parte de la recomendación de la comisión nacional”, afirmó.
Caso Ayotzinapa: Exigen detener a Peña Nieto
Estudiantes de la normal de Ayotzinapa exigieron ayer que también sea detenido el ex Presidente Enrique Peña Nieto, por su responsabilidad en la desaparición de los 43.
“El ex Presidente Enrique Peña sabía todo lo que estaba pasando ese día (26 de septiembre del 2014) y pudo ordenar que se parara y no lo hizo”, dijo un estudiante que, con otros dos de sus compañeros, dieron conferencia virtual a través de Facebook.
Un día después que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el informe sobre el paradero de los estudiantes, y confirmó que entre los desaparecidos estaba un soldado infiltrado, uno de los jóvenes mencionó ayer que el Ejército supo que los normalistas fueron a Chilpancingo a tomar autobuses por la mañana y por la tarde se dirigieron a Iguala.
“(Por el soldado infiltrado) el Ejército supo que aquí en la normal hubo una reunión de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y se acordó que se iba a la Ciudad de México a la marcha para conmemorar el 2 de octubre, por la matanza de Tlatelolco”, expuso.
Sobre la revelación que hizo Encinas, de que no hay indicios de vida de los 43 desaparecidos, uno de los jóvenes consideró que mientras el Gobierno federal no los halle, con o sin vida, ellos tienen muchas razones para continuar con marchas y protestas.
“Vamos a seguir saliendo a las calles, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos”, arengó.
“Nosotros tenemos viva la esperanza de que nuestros compañeros estén con vida”, mencionó otro.
Caso Ayotzinapa: Los 43 entre 8 versiones y la sentencia de muerte
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa incluye un comparativo con los datos de la “Verdad Histórica“, anunciada en 2015 por el ex Procurador Jesús Murillo Karam.
Presentado el viernes pasado, el documento contiene ocho casillas con detalles sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos la noche en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Según el informe, a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, un sujeto identificado como “Al”, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, dio la orden: “Mátalos a todos, Iguala es mío”.
El expediente de 103 páginas indica que “Al” quería recuperar “la mercancía”, los estudiantes no sabían “quién es quién” y se estaba calentando la plaza.
“Las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos por lo que ‘El Chucky’ les metió ‘machete’ y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera”, indica el documento.
Los sicarios se habrían repartido los “paquetes”: “El Chino” los tiró al Río Balsas. “La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo. A “El Moreno”, cocinero de Grupos Unidos, se le pidió que “cocinara” 10 estudiantes, pero por falta de material sólo “cocinó” a cinco. Otros fueron desplazados a “la Casa de Huitzuco”.
“En días posteriores hubo una reunión con Abarca y los ‘asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”, dice el informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El documento concluye que Tomás Zerón mandó limpiar “todo el caso de los chicharrones”, que desenterraron los cuerpos y se los llevaron al 27 Batallón, al “rancho del Cura”, a Lomas de Coyote y La Mina.
Todos son datos de la “Información Actual”. Del lado de la “Verdad Histórica”, las casillas están en blanco.
Caso Ayotzinapa: Informe de Iguala no esclarece caso, dice asesor de padres
Vidulfo Rosales Sierra, asesor de las madres y padres de los 43, afirmó que el informe que dio este jueves el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, sobre el caso Iguala es una posición política del Gobierno que dista mucho del esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.
En un breve comunicado que envió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rosales Sierra reconoció que el informe tiene avances, pero dista mucho de saber lo que realmente ocurrió.
“En los próximos días vamos a entrar a una etapa donde el Gobierno va a decir que ya está, es la nueva verdad, que ya están los resultados de la nueva investigación y lo que realmente sucedió es que fueron divididos (los normalistas) en tres grupos para asesinarlos”, apuntó.
“Para nosotros eso es una posición política del Gobierno que quiere hacer ver que ya cumplieron ellos (el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador) con Ayotzinapa, que ya está esclarecido el hecho, pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento”.
Indicó que el informe está sustentado en un testigo, por lo que las pruebas no son contundentes.
“Para decir (el Gobierno) que ya se sabe lo que ocurrió, estamos lejos”, aseguró el abogado activista.
“La disputa con el Gobierno federal va a ser por eso, porque para ellos su conclusión es que ya se esclareció el hecho y nosotros obviamente negaremos eso”.
Agregó que en el Gobierno de López Obrador solo han sido identificados los restos humanos de dos de los 43 normalistas (Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero).
En el informe que presentó este jueves Encinas Rodríguez, el Gobierno del morenista López Obrador reconoció por primera vez la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es la misma versión que dio la Administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
“No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la verdad histórica; es una triste realidad”, dijo Encinas al tiempo que admitió que fue un “crimen de Estado”.
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