Ciudad de México.- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Local (TSJ-CDMX) Rafael Guerra Álvarez, reconoció que los feminicidios en el país se registran de manera sistemática y que gran parte de la responsabilidad de esta situación que viven las mujeres, es por la pasividad de las instituciones, así lo aseguró en el foro Feminicidio: retos y desafíos para la impartición de justicia, en el que se aseguró que en el mundo cada 11 minutos muere una mujer, adolescente o niña por violencia de género.
En el acto participaron Kristian Hölge, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del gobierno federal.
Ahí el magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó que la verdadera oportunidad para incidir en el debate sobre el feminicidio radica en aceptar, más que en refutar, que se trata de un fenómeno sistémico caracterizado por la pasividad de las instituciones.
En la Sala Constitucionalismo del órgano judicial capitalino, el magistrado aseguró que, para romper el ciclo sistémico del fenómeno feminicida, es necesaria la misma fuerza, entusiasmo y recursos con lo que se participa en la vida democrática, institucional y familiar.
Reconoció a los impartidores de justicia del órgano judicial por su esfuerzo para capacitarse y ocuparse de la resolución de sentencias con perspectiva de género, y precisó que jueces y juezas de las materias familiar y penal no han negado ni una sola medida de protección solicitada para mujeres víctimas de violencia.
En ese marco, la secretaria de las Mujeres del gobierno capitalino, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó el papel fundamental que ha jugado Guerra Álvarez en la política gubernamental de alertamiento por la violencia de género. Sin embargo, el magistrado subrayó que se trata de un esfuerzo de los impartidores de justicia y del personal judicial del PJCDMX.
Con la presencia de la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, y del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Kristian Hölge, Guerra Álvarez también alertó que con la anuencia del Estado y la sociedad suceden la violencia política, laboral, económica, física y psicológica, y advirtió que esto es precisamente lo que hace sistémico al fenómeno.
Guerra Álvarez aseguró que el foro es parte de las medidas tendentes a afinar la capacidad institucional y la de los operadores del sistema de justicia para responder al desafío social más importante de los actuales tiempos.
Al enumerar acciones institucionales emprendidas en la materia, comentó que se trabaja con diversos organismos, particularmente con ONU-Mujeres, para desarrollar iniciativas de difusión para prevenir la violencia, lo que ha permitido publicar el Manual para Prevenir la Violencia; en ese sentido, también mencionó la Capacitación Sobre Feminicidios, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género, la cual agradeció a Gómez Saracíbar por los 400 espacios reservados a personal judicial.
Asimismo, recordó que el PJCDMX publicó el Protocolo analítico para Juzgar con enfoque de género: de la teoría a la práctica.
“Estas herramientas, estos propósitos y estas vivencias deben ampliar el horizonte de nuestra conciencia, de nuestra perspectiva y de la propia vocación humana para hacer justicia”, consideró.
En su oportunidad, Alanís Sámano mencionó que, entre enero y agosto pasados, de 2,520 casos de muertes violentas de mujeres ocurridos en el país, sólo 615 fueron catalogados como feminicidios, y alertó que en entidades como Colima, Guanajuato, Baja California y Michoacán hay mucho que hacer, ya que solamente 10 por ciento de homicidios contra féminas se catalogaron como feminicidios.
En tanto, Kristian Hölge afirmó que el delito de feminicidio ocurre en todas las regiones del mundo, y precisó que, en 2020, 47 mil mujeres y niñas en todo el orbe murieron a manos de su pareja o algún familiar; planteó la importancia de la prevención, y propuso que sea a través de una justicia cívica como se atienda de manera preventiva el ilícito, con acciones emprendidas por una policía de proximidad social.
PM
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