Ciudad de México.- Empresarios extorsionados por militares y altos funcionarios de Aduanas denunciaron una red de corrupción que opera en garitas de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Colima.
De acuerdo con los denunciantes, los funcionarios exigen el pago de una cuota a los usuarios y, en caso de no acceder, les siembran cartuchos útiles o balas, así como mercancías altamente reguladas en sus importaciones o exportaciones.
Lo anterior con el fin de causar un daño a las patentes aduanales o a los importadores o exportadores con procedimientos aduaneros, revela una denuncia enviada por correo electrónico en junio pasado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz.
La denuncia forma parte de los mensajes sustraídos por el grupo de hackers autodenominado Guacamaya.
“Expongo a una red de extorsionadores que operan dentro y fuera de las Aduanas para efectos de que sus usuarios, así como importadores, exportadores, agentes aduanales, transportistas, etcétera, paguen cuotas por cada pedimento de importación o exportación de cualquier tipo de mercancía”, se señala.
La denuncia advierte que los funcionarios manipulan el sistema aduanero o mecanismo de selección automatizado para que le toque semáforo rojo (revisión).
“Funcionarios de las Aduanas de Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Reynosa, Matamoros y Manzanillo, al enviar las operaciones a análisis a nivel central, abusando del poder como funcionarios y en colusión con operadores externos de las Aduanas, cobran desde 500 dólares americanos y hasta 10 mil dólares americanos por cada operación.
“De lo contrario, no modulan los pedimentos de importación o exportación, o manipulan a nivel central el sistema aduanero para que les toque revisión o reconocimiento físico documental a las operaciones de los importadores o exportadores o agentes aduanales que se nieguen a pagar las cuotas especiales que esos funcionarios implementan”, se indicó.
En el escrito advirtieron a la Sedena y a la FGR que Álvaro Fernández Echeverría, exsub administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la Aduana en Otay, en Tijuana, quien dejó el cargo en marzo de 2019, controla también ese esquema de cuotas en distintos aeropuertos del País.
El funcionario tuvo nexos con Sergio Carmona Angulo, asesinado en Nuevo León, acusado de huachicol.
En este sentido, por delitos de corrupción, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, concusión, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, extorsión, contrabando y delincuencia organizada, fue señalada también Ana Karen Leos Padilla, quien fue jefa de Departamento de Puntos Tácticos adscrita a la Dirección General de Operación Aduanera en la Garita de Otay, en Tijuana, hasta e 30 junio pasado, de acuerdo al sistema Declaranet.
También fue acusado C.A.R.C., actual director de Área de la Administración General de Aduanas y Tecnologías de la Información, quien ingresó a ese organismo el 16 de enero de 2019, así como quien tiene cargo como director adjunto de Aduanas, y quien asumió el cargo el 16 de julio de 2020.
En la acusación también figura Álvaro Alejandro Hernández Sierra, a quien identifican como director general de Investigación Aduanera, y quien está en el cargo desde el 16 de octubre de 2020 en Sonora.
Además, a Mayté Ponce Cruz, quien estaba como como jefa de Departamento en la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en Puente Internacional Córdova, y quien dejó ese puesto el 16 de agosto pasado.
Figura también Lourdes Elizabeth Cortés Velázquez, jefa de Aduanas en Ciudad Juárez en Trámites y Asuntos Legales, aun vigente en ese cargo desde el 22 de marzo de 2021.
Otros señalados son Ana Laura Tinoco Chávez, encargada de la verificación de la Aduana de Ciudad Juárez, quien asumió el cargo desde el 16 de abril de 2016, y Carmen Yadira Borges Fierro, responsable de módulos de la Aduana de Ciudad de Juárez.
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