Ciudad de México.- La Cámara de Diputados discutirá el miércoles la minuta de reforma constitucional que prevé prolongar al 2028 las labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, con el aval a las modificaciones hechas en el Senado.
Ese día sesionará la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen que presente el diputado presidente del grupo de trabajo, Juan Ramiro Robledo, de Morena.
Ignacio Mier, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, propondrá a las demás fracciones que ese mismo día el dictamen sea votado por el pleno.
“El miércoles va a sesionar la Comisión, seguramente le vamos a dar el mismo día miércoles publicidad y esperamos que pueda ser discutida el miércoles, en segunda sesión. Así lo voy a proponer el lunes (hoy) a la Junta de Coordinación Política”, explicó Mier.
El coordinador morenista señaló que se ratificará la nueva redacción que hizo el Senado, con lo que se pudo conseguir el voto de senadores del PRI y PRD.
“Vamos por la ratificación con las modificaciones que le hicieron a la minuta en el Senado. Lo dijimos desde el principio, vivimos en un régimen bicamaral, la cámara de origen fue la Cámara de Diputados, le corresponde al Senado la revisión y, en su caso, las adecuaciones y agregados que se le hicieron”, precisó sobre el proceso parlamentario, en el que los senadores ampliaron la redacción.
En la Cámara de Diputados, Morena cuenta con el voto de los 69 diputados del PRI, con lo que está asegurada la mayoría calificada, aunque los partidos de Oposición del PAN, PRD y MC voten en contra.
Una vez que se ratifiquen los cambios del Senado, el proyecto de reforma se enviará a los 32 Congresos locales, para su ratificación.
Se espera que este proceso sea rápido y que en un par de semanas se pueda dar la declaratoria de reforma constitucional.
Ajustes en militarización de México
Los senadores modificaron el dictamen de los diputados que prolonga hasta el 2028 las labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas.
Del quinto artículo transitorio de la reforma constitucional del 2019 sobre la Guardia Nacional, los diputados cambiaron la fecha límite del permiso para que los militares realicen labores de seguridad, al pasar del 2024 al 2028.
Los senadores ratificaron la disposición de que “durante los 9 años siguientes” a la entrada en vigor del decreto (del 2019) mientras la GN desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el Presidente podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública.
En el mismo dictamen se agregó un nuevo transitorio, que precisa que a partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Estanca Corte a 4T 20 temas relevantes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentará los dos últimos meses de labores efectivas de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar con cerca de veinte asuntos relevantes para el actual Gobierno aún sin sentencia, 12 de los cuales arrastra desde hace uno, dos o hasta tres años.
Los asuntos pendientes incluyen temas como las reducciones salariales a órganos autónomos; plazas automáticas a egresados de Escuelas Normales y otros temas de la contrarreforma educativa de 2019, así como facultades de la Guardia Nacional, entre ellas la detención de migrantes.
Además, extinción de fideicomisos; transferencia de puertos a la Marina; acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta marzo de 2024; reforma a la Ley de Hidrocarburos que amenaza con quitar permisos a empresas privadas, y una ampliación en la ley secundaria del catálogo de delitos graves.
Casos más recientes, pero que ya están cumpliendo un año en la Corte, incluyen el acuerdo Presidencial que clasificó como de seguridad nacional todas las obras relevantes para el Gobierno; la omisión de López Obrador de nominar comisionados para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y una ley para regular las contrataciones de publicidad impulsada por el senador Ricardo Monreal.
Otros dos asuntos ya han sido discutidos en el Pleno, pero no se han podido concluir y no tienen para cuando retomarse son la inclusión de los delitos fiscales entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa -otra reforma de 2019-, y los cambios legales para compra de medicamentos vía Naciones Unidas, que ya perdió fuerza, pues el Gobierno está en proceso de abandonar esta modalidad.
La lista actual de Pleno tiene 68 asuntos y ya cubre todas las sesiones hasta diciembre, pero que puede cambiar en cualquier momento, contempla un proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayan, que invalida la reducción de salarios al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Ese asunto, en teoría, sería discutido el 31 de octubre, tres años después de que Pérez Dayan entregó su proyecto, el 8 de octubre de 2019.
Zaldívar, quien controla la lista de sesión del Pleno, ha insistido que no está “guardando” los casos problemáticos para el Gobierno y ha explicado que sus colegas no han entregado los proyectos de sentencia respectivos.
Pero la lentitud es inexplicable, pues la mayoría de los casos son acciones de inconstitucionalidad, que no requieren desahogo de pruebas, sino que sólo contrastan en abstracto la ley impugnada con la Constitución.
Mientras tanto, la lista del Pleno es dominada por 55 asuntos sobre temas estatales, 10 de ellos sobre leyes de ingresos municipales y otros donde existen múltiples precedentes, y que es el tipo de demanda con el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha inundado de trabajo a la Corte en los últimos tres años.
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