Ciudad de México.- Aunque se presentó como una propuesta que pretendía quitarle recursos a los grupos de la delincuencia organizada, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que le permitiría al Gobierno federal disponer de cualquier cuenta bancaria que no sea reclamada por un lapso de seis años.
El proyecto, que modifica el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, fue impulsado por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, y su correligionaria Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro.
Originalmente, la propuesta planteaba que de los recursos abandonados en las instituciones financieras el 30 por ciento se destinara a estados y 70 por ciento a municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
De último momento, Mier cambió la iniciativa para que la mayoría de los recursos vaya a la Federación.
La propuesta que aprobó el pleno señala que 45 por ciento de los recursos serán entregados al Gobierno federal, 30 por ciento a estados y sólo 25 por ciento a los municipios y alcaldías capitalinas.
La bolsa deberá destinarse a la “dependencia de la Administración pública federal encargada de la seguridad pública”, para que realice políticas y acciones de combate a la delincuencia organizada y para el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno.
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