Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó el aplazamiento que, desde hace ocho meses, impedía la resolución final de más de 200 amparos de empresas que impugnaron la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los productores privados.
Esta reforma es motivo de consultas iniciadas por Estados Unidos y Canadá contra México, por posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones.
El Pleno de la Corte revocó éste lunes un Acuerdo General del pasado 17 de febrero, en el que ordenó a los dos tribunales colegiados Especializados en Competencia Económica no resolver los 17 recursos de revisión que, para entonces, ya habían recibido, mismos que fueron presentados por el Gobierno contra sentencias de jueces de Distrito que declararon inconstitucional la reforma.
El aplazamiento se dictó mientras la Corte resolvía acciones de inconstitucionalidad contra la reforma, lo que ocurrió el 7 de abril, en una sesión maratónica en la que en ningún caso logró los ocho votos necesarios para invalidar algún artículo de la LIE.
Dos controversias adicionales fueron votadas el 18 y 19 de abril, y la Corte aprobó poco después las versiones finales de sus sentencias, por lo que ya no había razón para mantener el aplazamiento de los amparos.
Los aspectos más polémicos de la reforma quedaron intocados y sin pronunciamiento alguno de la Corte, mientras que en otros menos relevantes hubo mayorías que avalaron la reforma.
Casi seis meses después, en sesión privada, el Pleno finalmente levantó el aplazamiento, por lo que los tribunales colegiados ya podrán resolver en las próximas semanas.
Dichos tribunales pueden desechar los amparos si consideran que la reforma a la LIE requiere actos de aplicación de las autoridades para afectar a las empresas o enviarlos a la Corte, donde una mayoría de seis ministros en el Pleno o de tres ministros en Sala, sería suficiente para confirmar la inconstitucionalidad, proteger a los quejosos y dejar inoperante la versión actual de la LIE, aún sin anularla.
El desechamiento de los amparos, que impediría que el caso regrese a la Corte, es probable.
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