Ciudad de México.- El proceso del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por supuestos sobornos que Emilio Lozoya afirma haberle entregado para la aprobación de la reforma energética de 2013 fue ampliado otros cuatro meses.
En audiencia, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió el plazo de reapertura de investigación en el proceso que le siguen por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Esta fue la primera audiencia en la que compareció el campechano, desde que el pasado 16 de septiembre obtuvo la libertad provisional. Lavalle y sus abogados, así como el fiscal Kristian Javier Jiménez, estuvieron presentes por videoconferencia.
Este plazo, que vence el próximo 16 de febrero, ha sido ampliado para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue a la Fiscalía General de la República (FGR) toda información financiera de Fabiola Tapia Vargas, fallecida en 2014, y la defensa de Lavalle elabore un dictamen contable.
Esta mujer es hermana de Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), socia mexicana de Odebrecht en los contratos de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
La defensa de Lavalle ha solicitado desde hace meses la información bancaria de Tapia con la finalidad de desmentir los dichos de Emilio Lozoya en su contra.
Lozoya admite que cobró un soborno a Odebrecht de 6 millones de dólares a cambio de los contratos de 3 mil millones de pesos de la Refinería de Tula, sólo que el dinero en principio fue transferido a Fabiola Tapia.
Ella le habría entregado una tarjeta bancaria a Lozoya para que retirara el dinero, el cual tuvo dos destinos: la campaña de Enrique Peña Nieto y sobornar a los legisladores por su voto en las reformas del Pacto por México.
Esta versión nadie ha podido corroborarla y solo Lozoya la ha hecho manifiesta en su denuncia del 11 de agosto de 2020, entre otras razones porque en mayo de 2014 falleció la supuesta intermediaria del pago del soborno.
Lavalle pidió que los informes bancarios de Tapia se requirieran a la CNBV, para al menos aclarar si efectivamente ese dinero entró al sistema financiero mexicano.
En la audiencia realizada el pasado jueves, se informó que desde el 15 de agosto pasado un juez de control federal del Reclusorio Oriente autorizó a la FGR requerir los informes bancarios a la CNBV.
La razón por la que el juez Fuerte Tapia amplió el plazo de reapertura de investigación es porque la información no ha sido entregada en su totalidad.
El juez advirtió que en caso de que la FGR no obtenga en los próximos 4 meses la información requerida y no la reporte al Centro de Justicia ni a la defensa, será multada con 100 Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a 9 mil 622 pesos.
En caso de entregarse la documentación en tiempo y forma, es muy probable que en febrero sea cerrado el proceso de Lavalle e inicie la etapa intermedia en la que será presentada la acusación y se pida una pena de prisión contra el panista.
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FRG