Ciudad de México.- Emilio Lozoya comparecerá este viernes a las 10:00 horas ante una juez federal, en una audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá en forma oral condenarlo a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, en el caso Agronitrogenados.
El próximo lunes también tiene programada una diligencia de la misma naturaleza, en la que la Fiscalía solicitará imponerle 46 años con 6 meses de cárcel por el caso Odebrecht.
En enero pasado, la FGR solicitó ambas penalidades por escrito y ahora lo hará de manera oral.
Se trata de las audiencias intermedias –la penúltima etapa del procedimiento–, que a partir de hoy presidirá la juez de control Verónica Gutiérrez Fuentes, y que ponen al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la antesala del juicio.
En la diligencia de hoy, por el caso Agronitrogenados, serán debatidos y depurados los 121 datos de prueba con los que la FGR pretende llevar a juicio al acusado para que eventualmente le dicten sentencia.
En marzo pasado, el Consejo de Administración de Pemex ya había aprobado la oferta de reparación del daño de casi 10 millones de dólares de Lozoya, lo que significaba que conseguiría la suspensión condicional de sus dos procesos y saldría del Reclusorio Norte. Por Odebrecht, aceptó la oferta de 6 millones 385 mil dólares y por Agronitrogenados, 3 millones 400 mil dólares.
Sólo que cuando Lozoya compareció ante el juez para formalizar esos acuerdos, el Presidente Andrés López Obrador desautorizó las negociaciones y se cancelaron las audiencias.
Aunque el acusado mantiene el ofrecimiento, hasta ahora no ha logrado pactar con las autoridades.
En agosto pasado, Dairén Zambrano Martínez, apoderada legal de Pemex y Pemex Transformación Industrial (PTI), envió un escrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para informar que no se logró concretar el acuerdo reparatorio con Lozoya.
Esa infructuosa negociación también impide que la FGR le otorgue el criterio de oportunidad, para que formalmente se convierta en testigo colaborador en el caso Odebrecht, ya que el pago reparatorio es un prerrequisito para acceder a este beneficio.
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