Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSP) se negó a acatar la orden de una jueza federal para suspender la transferencia de la Guardia Nacional (GN) al Ejército.
Multa de 9 mil pesos
Karla Macías, Jueza Novena de Distrito en Guanajuato, impuso ayer una multa de 9 mil 622 pesos a Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSP, por negarse a cumplir la suspensión definitiva concedida el pasado 24 de octubre, que frena la reforma para entregar el control de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La jueza advirtió a Rodríguez que, si insiste en su desacato, la multará con 19 mil 244 pesos y la denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación a una suspensión.
La resistencia de la funcionaria, según Macías, constituye no sólo un desacato a la suspensión, sino a órdenes expresas del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se acate la medida judicial.
Constituye una desobediencia a la orden que al respecto le giró el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que mediante comunicado AMP-V-30437, el Presidente informó las medidas que adoptó para el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada por este juzgado”, dice el acuerdo notificado.
La SSP alega que está obligada a cumplir las leyes emitidas por el Congreso, a menos que sean declaradas inconstitucionales, en referencia a la reforma legal del pasado 9 de septiembre para enviar a la GN a la Sedena.
Sostiene, además, que la suspensión concedida por la jueza “afecta el orden público y el interés social”, por lo que pidió que no se aplique, mientras un tribunal colegiado de circuito resuelve los recursos de revisión interpuestos por el Gobierno para impugnarla.
Sin embargo, la SSP ignora el hecho de que las suspensiones que dictan los jueces, tanto provisionales como definitivas, deben ser acatadas de inmediato por las autoridades, y están vigentes durante todo el tiempo que toma la revisión por los tribunales colegiados.
La suspensión provisional que Macías concedió el pasado 10 de octubre fue rápidamente revocada por el Segundo Tribunal Colegiado Administrativo del Décimo Sexto el Circuito, que sostuvo que el activista de derechos humanos que promovió el amparo no tiene interés legítimo ni jurídico para detener el traspaso de la GN.
La revisión de la suspensión definitiva, sin embargo, es un proceso más lento, aunque es probable que el tribunal colegiado la resolverá antes del receso judicial que inicia el 15 de diciembre.
Varios jueces federales ya han advertido que es evidente la inconstitucionalidad de esta reforma, pues la Carta Magna establece que la GN es un cuerpo civil adscrito a la SSP.
Pero la jueza Macías es la única que ha concedido una suspensión para frenar la transferencia.
JRL