Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) negocia un criterio de oportunidad con una procesada para que se convierta en testigo colaborador en contra de Gerardo Sosa Castelán, acusado de un supuesto lavado de más de 58 millones de pesos.
En una audiencia celebrada el pasado 3 de noviembre, la FGR informó a Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, que estaba en pláticas con María Cruz Campos Álvarez para concederle dicho beneficio.
En la acusación por escrito que presentó ante el juez, la FGR pidió imponerle a dicha procesada una condena de 35 años de cárcel y el pago de 17 mil 500 días multa. Para ella, conseguir la inmunidad penal implicaría salir de la cárcel y evitar este eventual castigo.
Campos está internada en el Penal Federal Femenil de Morelos y es una de las tres personas que fueron detenidas y procesadas junto al expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En caso de conseguir la inmunidad penal, Campos se convertirá en la segunda persona en recibir este beneficio en la indagatoria, ya que desde el 2020, Óscar Pacheco Medina, operador financiero de Sosa Castelán, es testigo colaborador.
De acuerdo con la investigación, Campos y otra mujer constituyeron en 2011 Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., empresa que fue usada para triangular recursos en favor de Sosa Castelán, una parte de ellos provenientes de la UAEH.
Por esta investigación, la FGR pidió imponerle a Sosa Castelán una pena de 55 años de cárcel y el pago de 30 mil días multa.
TE PUEDE INTERESAR:
‘En defensa de la democracia’, el discurso de José Woldenberg, expresidente del IFE
Guerra en Ucrania: Celebran en Jersón fin de ocho meses de ocupación rusa
FRG