Sonora.- Un juez federal vinculó a proceso a una exfuncionaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y al exdirector de Televisora de Hermosillo (Telemax), por una supuesta contratación indebida de más de 311 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó por uso indebido de atribuciones y facultades a Luz María Orozco Quiroz, exdirectora General de Comunicación Social de la Sedatu, y a Daniel Hidalgo Hurtado, extitular de Telemax.
Debido a que el delito imputado no prevé la prisión preventiva de oficio, ambos llevarán su proceso en libertad provisional, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
La imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) está relacionada con el convenio general de colaboración suscrito el 19 de abril de 2016, por 311.8 millones de pesos.
De dicho documento derivaron un convenio específico y un anexo para que Telemax desarrollara trabajos de diseño y edición de audio, video y gráficos de comunicación social, así como la evaluación y sondeos de hábitos de consumo de medios y de opinión, para medir los programas de la Sedatu, del 3 de mayo al 31 de diciembre de 2016.
En 2016, la Sedatu pagó a la Televisora 271.8 millones de pesos y al año siguiente los restantes 40 millones de pesos, para un total de 311.8 millones de pesos.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación revisó este convenio, lo primero que señaló es que Telemax no contaba con la capacidad para prestar los servicios. De hecho, no llevó a cabo ninguno de manera directa y tuvo que subcontratar a nueve empresas para los trabajos.
De acuerdo con la Fiscalía, el porcentaje subcontratado en sí mismo es una ilegalidad, porque la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento establecen que su límite es del 49 por ciento.
Según la investigación, 4 de las 9 empresas subcontratadas por Telemax transfirieron 244.3 millones de pesos, casi la totalidad de los recursos recibidos, a otras 17 compañías, sin que existiera contrato o constancia que justificara esas operaciones.
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