Ciudad de México.- La reforma penal para que la prisión preventiva se aplique a quienes emiten facturas por operaciones inexistentes no podría tener éxito, de acuerdo con especialistas.
La razón, explicaron, porque la Suprema Corte ya sentó un precedente en contra de esta medida.
El lunes 28 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará una nueva reforma penal para ir en contra de los llamados ”factureros” y mantener la defraudación fiscal como un delito que implica prisión automática.
Sin embargo, Guillermo Mendieta, contador y socio de Mendieta & Asociados, consideró que aunque la reforma se concretara, su aplicación es poco probable.
“Me parece ya muy cuesta arriba porque la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) ya desechó esta opción”.
“De entrada ya habría un amparo y en ese momento, no podrías meter a la cárcel (a las personas acusadas de cometer estos delitos), podría impugnarse con el argumento que dio la misma Corte”, aseveró.
Hace una semana la Suprema Corte de Justicia anuló la reforma de 2019 que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes -conocida como factureo-, el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos.
El argumento es que es falso que los delitos fiscales sean una amenaza a la seguridad nacional como se planteaba en dicha reforma.
Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, sostuvo que la prisión preventiva no es adecuada porque viola derechos humanos.
El experto aclaró que existe la prisión preventiva justificada y se podrá aplicar cuando la Fiscalía General de la República pruebe que es necesaria.
Sin embargo, aclaró que existe la prisión preventiva justificada y se podrá aplicar cuando la Fiscalía General de la República pruebe que es necesaria.
Aunque, aclaró, el que se pueda aplicar con una justificación, no es motivo para aplicarla a todos los acusados.
Más bien si se dan esos casos, hay que perseguir esos casos y no establecer una medida que es de suyo contraria a derechos humanos”, dijo.
Ambos mencionaron que durante el tiempo en que la prisión preventiva fue aplicable para estos delitos, no tuvieron conocimiento de casos en los que se haya ejecutado esta medida.
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