Ciudad de México.- El “Plan B” de reforma electoral permitirá que los servidores públicos puedan hacer difusión de logros, programas y obras del Gobierno en tiempos electorales, sin que deban ser sancionados.
En los cambios a la Ley General de Comunicación Social, se reconoce la libertad de expresión de los servidores públicos para difundir logros de gobierno.
La reforma aprobada por los diputados y que estudian en el Senado, precisa que no “constituyen propaganda gubernamental” las manifestaciones de las personas servidores públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.
“Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de transparencia y Acceso a la Información pública”, indica.
En paralelo, se amplían los conceptos de propaganda gubernamental que pueden difundirse por los servidores públicos y los entes de Gobierno, como son los beneficios de programas sociales y avance de obras.
Se menciona la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales; aspectos relevantes de políticas públicas, rendición de cuentas, promoción y garantía de derechos humanos, y acciones sobre protección a la salud, respeto a la integridad física y protección a personas en condiciones de vulnerabilidad.
En la ley actual se establece que las dependencias y funcionarios están “obligados” al cumplimiento de la ley.
Con la reforma, la redacción modificada señala que son “entes públicos al cumplimiento” de la ley, sin citar la palabra obligación.
Los artículos de la Ley General de Comunicación Social están concatenados sobre lo que puede o no hacer las dependencias y los funcionarios sobre difusión de programas, lo cual es modificado en el “Plan B”.
El artículo 9 en vigor dice que no se podrán difundir campañas de comunicación social, cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14 de dicha ley.
Dicho artículo refiere que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como comunicación social, “siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
“En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”, se precisa.
Aún está vigente la definición de que constituyen infracciones difundir campañas de comunicación social violatorias de los principios rectores sobre límites y condiciones para los informes anuales, así como el incumplimiento de dichas disposiciones.
Sin embargo, la reforma deroga la expresión de que “en ningún caso” la difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro de periodo de campaña electoral, disposición espejo a lo señalado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que ahí se mantiene.
Otra disposición que se elimina es la referencia de que se tendrá que presentar queja ante la autoridad competente por faltas administrativas o posibles denuncias penales por faltas de los servidores públicos.
Tapan gol a 4T por el ‘Plan B’
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que mandaría otra propuesta para enmendar el “error”, de acuerdo a la revista Proceso.
Un nuevo documento presentado se tornó aún más complejo y confuso cuando, para obtener la aprobación del Partido Verde y el Partido del Trabajo, el coordinador de la mayoría de Morena permitió hacer “agregados” a la iniciativa que contenía normas reglamentarias del ámbito electoral. Esto derivó en modificaciones que terminaron por poner en entredicho la constitucionalidad de la reforma a normas reglamentarias.
El presidente lo llamó “una travesura de duendes”, pero lo que en realidad ocurrió es que, tras confirmarse el fracaso por aprobar una reforma constitucional en materia electoral, le metieron mano al Plan B del mandatario para, entre otros temas, flexibilizar los márgenes que permitieran a sus aliados chiquitos (Partido Verde y PT) conservar su registro como partido político nacional y, además, revivir figuras en desuso, como las candidaturas comunes.
Señalan grave error fast track a reforma
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no sólo son dos o tres los errores que presenta el “Plan B” en materia electoral que aprobó la Cámara de Diputados, “tiene más errores constitucionales”.
En entrevista en San Luis Potosí en el marco del informe del senador Eli Cervantes, dijo que se corregirán los errores y el proyecto se devolverá a San Lázaro.
Comentó que está terminando una serie de documentos donde los enumera y que compartirá, por cortesía, a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, pero sobre todo, a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos encargadas en la Cámara Alta de la dictaminación.
El también presidente de la Junta de Coordinación, dijo que el Senado actuará con responsabilidad y corregirá las erratas que presenta el Plan B.
En ese sentido, subrayó que el hecho de que el Senado no aprobara la propuesta en fast track puso en relieve estas inconsistencias, las cuales tienen la obligación de corregir.
Consideró como delicado que en la Cámara de Diputados se obviaron trámites a la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el contenido que se publicó en la Gaceta Parlamentaria fuera distinto a lo que se votó. “Eso es muy delicado, porque vulnera el procedimiento legislativo”.
“Vamos a regresarles la minuta a la Cámara de Diputados con correcciones y ya serán ellos lo que decidan si se allanan o insisten en su dictamen”, apuntó Monreal.
Sobre el tema del blindaje al registro de los partidos minoritarios, Monreal destacó la gravedad del acto, aunque dijo se desconoce quien modificó esta parte del dictamen avalado la semana pasada en la Cámara de Diputados:
Alguien lo metió – ¿quién? – Eso no lo sé, porque yo no estuve en la negociación política pero por supuesto que alguien lo introdujo y lo más delicado, que a mí me preocupa, que lo que se dispensó a trámite, en la gaceta es distinto a lo que se votó, es muy delicado porque vulnera el procedimiento legislativo”.
Expuso que él prefiere el consenso y por eso está intentando corregir las omisiones o errores que se plasmaron en leyes ordinarias que son motivo de reformas constitucionales.
Dijo que tiene confianza en que lo que se apruebe en el Senado y en su caso ratifique la Cámara de Diputados, no se judicialice.
“Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que se logre una ley o leyes lo más aseadas y lo más escrupulosas observantes de la Constitución”.
Cualquier reforma electoral, enfatizó el legislador, debe tener legitimidad social.
(Con información de agencia Reforma, El Universal y revista Proceso).
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FRG