Ciudad de México.- El asesinato de dos jóvenes y su tío en una casa de principios del siglo XX en Ciudad de México, ocurrido poco antes de Navidad, ha puesto de relieve el lado oscuro del floreciente mercado inmobiliario de la capital, alimentado por la falta de documentos legales y las bandas que se apoderan ilegalmente de las propiedades.
El actor Andrés Tirado, su hermano músico Jorge Tirado y un tío cuyo nombre no se dio a conocer fueron hallados muertos el domingo, todos ellos degollados. Según la fiscalía, el motivo aparente fue una disputa por la propiedad.
En otro caso, una joven publicó el martes un vídeo desesperado en las redes sociales desde un tejado de la zona sur de la ciudad en el que se la oye gritar: “¡Policías! ¡Ayuda! ¡Me tienen secuestrada! ¡No me dejan salir!”.
La policía indicó que la mujer les explicó que sus familiares habían levantado una puerta de metal para impedirle salir de su casa, atrapándola dentro con sus cuatro hijos. El departamento agregó que detrás del presunto secuestro había una disputa sobre la propiedad del inmueble y se estaba investigando la toma ilegal del mismo.
Las autoridades saben desde hace años que existen bandas armadas y violentas especializadas en la ocupación de viviendas. Esta tendencia se ve, además, favorecida por el hecho de que muchas propiedades —quizá hasta una quinta parte de las viviendas– carecen de escrituras y documentación legal o tienen títulos de propiedad a nombre de personas fallecidas que no dejaron testamento.
Según un informe de 2021 del organismo de evaluación de políticas públicas del gobierno de la ciudad, el porcentaje de viviendas en la capital que están ocupadas por personas que tienen la propiedad en disputa legal o que tenían dueños que murieron sin dejar testamento aumentó de 10.9 % en 2010 a 19.9 % en 2020, prácticamente una de cada cinco.
México tiene un sistema judicial costoso, ineficiente, anticuado y plagado de corrupción cuyos efectos se dejan notar también en el sector inmobiliario.
En 2019, los fiscales de la Ciudad de México dijeron que en algunos de los 311 casos activos de embargo de propiedades de ese año, notarios públicos, abogados o empresas inmobiliarias habían falsificado documentos para obligar a salir a los propietarios legítimos.
Debido a que es muy costoso hacer un testamento en México, muchas personas no lo hacen, lo que a menudo deja a quienes heredan casas con problemas para proteger sus derechos.
Este parece haber sido el caso de los asesinatos de los hermanos Tirado y su tío.
El anciano hermano de la mujer del tío murió recientemente tras una larga enfermedad, pero la enfermera que lo había cuidado siguió viviendo en la planta baja de la casa, en el próspero barrio de la Roma, que se hizo famoso por la película “Roma”, ganadora de un Oscar en 2018.
Según el relato ofrecido por la fiscalía, la enfermera intentó reclamar que la casa era suya basándose en su supuesta relación romántica con el hombre que murió. La hermana del fallecido se mudó al piso de arriba para evitar que la enfermera se apoderara de la vivienda.
Los hermanos Tirado fueron a vivir con sus tíos en agosto, en parte para protegerlos, según el relato de las autoridades. La enfermera había llevado a su hija y a su yerno a vivir a la planta baja y, al parecer, los Tirado temían que se volvieran violentos.
Lo que siguió fue una tensa convivencia de cinco meses, con una familia abajo y otra arriba.
La familia de abajo empezó “a actuar de una manera tal que pues llegaron a este tipo de violencia”, dijo el portavoz de la fiscalía, Ulises Lara.
Se ha ordenado el ingreso en prisión de la enfermera, su hija y su yerno a la espera de juicio por los cargos de secuestro. Uno de los hombres que podría haber llevado a cabo los asesinatos —que también se cree que está relacionado con la enfermera– ha sido detenido por cargos de drogas, pero está siendo investigado por este caso.
En otras ocasiones, las bandas simplemente han forzado la entrada en una propiedad y han echado a los ocupantes. El gobierno capitalino calcula que en Ciudad de México operan 23 bandas dedicadas al robo de viviendas, algunas de ellas vinculadas a bandas de narcotraficantes y otras a grupos cuasi políticos.
“Un problema que también tenemos en prácticamente toda la ciudad, es el problema de despojos”, dijo en 2019 la procuradora capitalina Ernestina Godoy.
En 2016, por ejemplo, una operación policial desalojó a un violento grupo de invasores de una casa en el lujoso barrio de Condesa de la que el grupo se había apoderado años antes. Tras recuperar el edificio, la policía encontró búnkeres subterráneos y túneles excavados bajo la estructura. También se recuperaron armas y objetos robados.
El edificio estaba tan dañado que hubo que derribarlo, en medio de la subida de precios y alquileres y la escasez de viviendas en la ciudad.
JFF