Yucatán.- La Suprema Corte de Justicia discutirá la próxima semana un proyecto que, por primera vez, avala el requisito de no tener deudas vencidas por pensiones alimentarias para acceder a cargos públicos.
El ministro Alberto Pérez Dayán propuso al Pleno de la Corte declarar Constitucional la reforma de junio pasado a varias leyes de Yucatán, en la que se estableció el requisito de “no ser deudor alimentario moroso” para múltiples cargos, tanto de elección popular como de designación.
La gran mayoría de los deudores alimentarios son hombres divorciados, que tienen la obligación de pagar pensiones a sus exesposas que se dedicaron al hogar, así como seguir manteniendo a sus hijos menores de edad o que realizan estudios profesionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, pidió a la Corte invalidar la reforma por considerar que este requisito viola los derechos a la igualdad y no discriminación de acceso a un cargo público, de libertad de trabajo y a ser votado.
Esta postura generó severas críticas de organizaciones civiles y activistas contra la ombudsperson quien sostuvo que inhabilitar a deudores alimentarios morosos para que accedan a un cargo público es contraproducente, pues impide que obtenga recursos para cumplir sus obligaciones.
La reforma de Yucatán fue notable por la amplitud de los cargos que abarca, y porque basta con estar atrasado en el pago de pensiones para que aplique la inhabilitación.
Para invalidar la reforma será necesario el voto de al menos ocho de los once Ministros, lo que parece difícil ante los criterios de perspectiva de género que actualmente se aplican de manera automática para resolver.
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