Ciudad de México.– Por unanimidad, consejeros del INE descalificaron el “Plan B” de la reforma electoral y ordenaron a la Secretaría Ejecutiva presentar los recursos legales para frenarla al poner en riesgo la elección del 2024.
El Consejo General conoció ayer el diagnóstico sobre el impacto de la reforma electoral, que aún debe ser aprobada por el Senado.
Esto pese a que el representante de Morena, Mario Llergo, demandó, al iniciar la sesión, retirar el informe del orden del día, con el argumento de que el “Plan B” aún está en discusión en el Congreso. Sin embargo, por unanimidad, rechazaron su propuesta, y aprobaron que la discusión se adelantara.
Hasta el momento, nueve de los 11 consejeros, incluida Norma de la Cruz, que es ligada con Morena, han desacreditado el “Plan B”, advirtiendo que es un retroceso y con elementos de inconstitucionalidad.
Uno a uno, los consejeros ejemplificaron casos concretos del impacto negativo de la reforma. Coincidieron en que son modificaciones que convienen al partido político en el poder.
Las consejeras Carla Humphrey, Norma de la Cruz y Dania Ravel aseguraron que representa un golpe para las acciones afirmativas, que permitían que sectores vulnerables llegaran al Congreso, por lo que ahora se fija un tope, además de que hay retrocesos en materia de paridad y violencia política de género, lo que viola derechos humanos y su progresividad.
El consejero Martín Faz alertó que la propuesta electoral da un golpe a un punto clave de la elección, como es la elección de funcionarios de casillas, al privilegiar a las de mayor edad.
Con ello se introduce un importante sesgo en la aleatoriedad con que se integran las casillas y se afecta la objetividad en la asignación de los cargos, privilegiando en los cargos más altos a un sector de la población directamente beneficiado por programas sociales, antes que a las personas con mayor escolaridad para recibir y contar los votos”, afirmó.
Ravel aseguró que los cambios sobre propaganda electoral, permitiendo que ahora todo funcionario público quede exento de una sanción o límites, argumentando libertad de expresión.
Además cuestionó que se le dé el poder de decisión al titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, aliado de Morena, pues, contrario a la Constitución, ahora se propone que pasen por sus manos decisiones cuando su papel es únicamente como fiscalizador.
“Hay que ser claros: se pretende con estos cambios sin diagnóstico, recortando personas, se busca hacer colapsar la labor electoral. Se quiere imponer desde el poder reglas convenientes ahora al poder, derribando aquellas que nos permiten hoy equidad. Derriba lo que hoy no gusta el poder”, apuntó la consejera Claudia Zavala.
Su compañera Adriana Favela aseguró que el número de casillas o elecciones anuladas ha sido ínfimo, y esto ha sido por la buena organización, además de que del 100 por ciento de asuntos que aprueba el INE el 35 por ciento son impugnados, y de estos el 65 por ciento son confirmados.
Los representantes del PRD, PAN, MC y PRI respaldaron el informe e insistieron en que Morena busca que no haya elecciones y darle carta abierta a sus “corcholatas”.
El priista Irán Hernández aseguró que harán una campaña nacional para que los ciudadanos se amparen, mientras que el emecista Miguel Rendón pidió a la estructura del INE que también presente sus recursos.
Este informe nos muestra las graves repercusiones que puede tener para la vida pública, aprobaron sin siquiera leer ni conocer, nos quieren llevar al caos político, simplemente con el afán de mantenerse a perpetuidad en el poder”, aseguró el perredista Ángel Ávila.
Reclaman ‘fast track’
Diputados y senadores de la oposición presentaron dos acciones de inconstitucionalidad contra el primer paquete del llamado “Plan B” de la reforma electoral.
Legisladores del PAN, PRI, PRD y MC juntaron las firmas necesarias para impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre del 2022.
Las demandas se suman a las tres que ya presentaron por separado el PAN, PRI y PRD el lunes pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Constitución establece que se requieren el 33% de los integrantes de cada Cámara para presentar una acción de inconstitucionalidad, por lo que es un derecho de las minorías recurrir a la Corte cuando consideren que una mayoría aprobó reformas que violan la Carta Magna.
Diputados del PAN, PRI y PRD, sin MC, presentaron ante la Suprema Corte una demanda de acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez de las reformas del ´”Plan B”, al considerar que se atropellaron principios y disposiciones constitucionales.
Los legisladores que integran las bancadas del PRI, PAN y PRD consideran que el Plan B de la reforma electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia”, explicaron sobre los conceptos presentados.
Por su parte, Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, consideró delicado para el país que el partido del Gobierno violara el proceso legislativo, mediante una aprobación “fast track”.
Opinó que se busca una elección de Estado, pero que puede derivar en un conflicto postelectoral en el 2024.
Exige PRD sanción a Delgado
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al Instituto Nacional Electoral que sanciones al presidente de Morena, Mario Delgado, luego de que se determinara que sí es ilegal la carta que éste le envió a los gobernadores de su partido para promover a los aspirantes presidenciales, llamadas “corcholatas”.
Señaló que la Comisión de Quejas del INE determinó que es ilegal dicha carta, por lo que se ordenó a Delgado suspender cualquier otra solicitud que implique la promoción de sus aspirantes a la candidatura presidencial.
Zambrano manifestó que en México se tienen que respetar los procesos electorales, para que nada ni nadie violente la ley con actos anticipados de campaña.
El dirigente de Morena actúa como jefe de pandilla al violar constantemente la ley electoral y seguir promocionando a las corcholatas, a pesar de las medidas y restricciones que, apegados a la legalidad, han resuelto las y los consejeros del INE”.
“Vamos a seguir exigiendo a las autoridades electorales que sancionen a los delincuentes electorales de Morena por violar la ley, y a las corcholatas les decimos que se pongan a trabajar, que atiendan los problemas del País”, manifestó.
JJJC