Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira a por lo menos 10 personas físicas y morales que presumiblemente están implicados en las subcontrataciones y triangulaciones de dinero desviado de la Estafa Maestra.
La Fiscalía Especializada en Control Competencial pidió a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) entregarle la documentación de los contratos que habría suscrito con ocho empresas y dos particulares, derivado de un convenio efectuado en 2015, mediante el que la casa de estudios originalmente recibió 124.1 millones de pesos de la Sedesol.
Según el oficio girado el pasado 30 de septiembre a la Rectora Xóchitl Guadarrama Romero, la Fiscalía pidió con el carácter de “urgente” la información relacionada con los convenios que la UIEM aparentemente firmó con los particulares Héctor Alonso Reyes López y Marlem Barrios Guadarrama.
El primero se desempeñaba como director del Centro de Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica y Administrativa (CIDITA) de la UIEM, y la segunda como auxiliar administrativo de la Unidad de Estudios Superiores Morelos, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
La Fiscalía también solicitó en este documento la información de las subcontrataciones de la UIEM con las empresas D&P México Servicios Digitales S.A. de C.V.; Nerta Consultores S.C.; Servicios Empresariales y Administrativos Carrera S.C., y Servers Estrategias Profesionales S.A. de C.V.
Otras de las razones sociales sobre las que hizo el mismo requerimiento son Servicios Especializados Humandra S.C.; Fiore Especialista S.C.; Integración Documental S.A. de C.V., y Estrategia Solutions S.A. de C.V.
Esta información fue solicitada como parte de la investigación que lleva a cabo la FGR por el convenio del 5 de marzo de 2015, mediante el que la Sedesol pagó a la UIEM 124 millones 100 mil pesos por la aplicación de los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS).
El centro educativo debía levantar estos cuestionarios en zonas rurales y semiurbanas, con la finalidad de que la Sedesol identificara y localizara a los pobres extremos alimentarios de las 32 entidades federativas.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la UIEM no presentó informes sobre el pago de 13.9 millones, hay duda sobre la prestación servicios con valor de 47.4 millones y existen indicios de que son falsos unos entregables por un monto de 61 millones.
Por este asunto, en junio y noviembre un juez federal procesó José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la UIEM, y a Marcos Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, ex director adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Las actas de Estafa Maestra
Moisés Covarrubias Gurrola, exdirector de Planeación Estratégica de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, declaró a la FGR que el abogado de una empresa le llevaba las actas de este convenio por 124.1 millones, para que las firmara, pese a que la Secretaría formalmente no tenía relación con la razón social, porque el convenio lo suscribió con la UIES.
Reveló que Erick Javier Sánchez Herrera, el abogado de la empresa G214, le entregaba la documentación, por instrucciones de su jefe, Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.
El pasado 8 de noviembre Covarrubias fue entrevistado por la Policía Federal Ministerial (PFM) y admitió que sí era su rúbrica la que aparece en las minutas de seguimiento y las actas de conclusión de este contrato.
También declaró que no le consta que las empresas subcontratadas por la UIEM proporcionaran el servicio de los CUIS.
Viridiana Luna Hernández, agente de la PFM, le puso a la vista el acta de conclusión de prestación de servicio de este convenio, fechada el 31 de julio de 2015.
Sí reconozco la firma del documento, sin embargo, respecto del contenido quiero manifestar que nunca hubo una reunión el día 31 de julio de 2015, para los efectos que señala el documento. Yo no conozco a José Francisco Monroy Gaytán y Héctor Alonso Reyes López, y jamás me reuní con ellos, no me consta la conclusión de la prestación del servicio”.
Las empresas
En otra de las investigaciones en curso, la Fiscalía ha obtenido información que señala que Enrique Prado Ordóñez, exdirector de Adquisiciones y Contratos de la Sedesol, dio instrucciones en nombre de Rosario Robles para que algunas universidades subcontrataran a seis empresas, tres de ellas proveedoras en este convenio con la UIEM.
Las relacionadas con los CUIS son D&P México Servicios Digitales S.A. de C.V.; Integración Documental S.A. de C.V. y Estrategia Solutions S.A. de C.V., así como AM Sistemas Informativos S.A. de C.V.; Custom Performance S.A. de C.V., y B Tech Comunicaciones S.A. de C.V.
Según esta indagatoria, al menos en una ocasión Prado Ordóñez llegó a las oficinas de la Sedesol, acompañado de Francisco Medina de la Cruz, quien supuestamente se ostentaba como el verdadero propietario de las seis compañías referidas, aunque formalmente no apareciera registrado en todas.
Este empresario era el dueño de Vanguardia en Informática, compañía en la que trabajó la persona que en 2001 supuestamente vendió el padrón electoral a quien lo enajenó directamente a la estadounidense ChoicePoint.
En registros de auditorías, Medina de la Cruz sólo aparece como representante legal de D&P México Servicios Digitales y accionista de B Tech Comunicaciones. No está claro para las autoridades si los contratos de las otras empresas eran firmados por sus familiares o allegados.
El convenio de 124.1 millones con la UIEM no es el único de la Estafa Maestra en el que aparecen estas empresas, también están en uno de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que recibió 52.2 millones, y otro de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, que cobró 97.2 millones de pesos.
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