Ciudad de México.- En ocho años, el INE ha invertido 156 millones de pesos en el acondicionamiento de los módulos para la credencial de elector que ahora Morena busca reubicar en edificios gubernamentales, con la reforma electoral.
“Los Módulos de Atención Ciudadana que instale el Registro Federal de Electores se deben ubicarse (sic), preferentemente, en bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la Federación”, indica el artículo 61 de la minuta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En los artículos transitorios del llamado Plan B, que será aprobado por el Senado, no aclara más sobre el cambio, únicamente indica que estos “seguirán operando de forma normal y no deberá alterarse su cantidad con motivo de la restructuración administrativa”.
Para los consejeros, esa redacción implica que los módulos de credencialización, los cuales se encuentran, afirman, en lugares estratégicos para el fácil acceso de ciudadanos y garantizan la protección de la información y las instalaciones, sean desperdiciados.
Advierten que trasladarlos a oficinas gubernamentales obligaría a gastar recursos para acondicionarlas y alterar la dinámica de escuelas o dependencias en las que se mezclan otros servicios.
Esto, ironizan, es contradictorio, pues el argumento de Morena es ahorrar recursos.
“Este tema de austeridad es un pretexto que se está utilizando para desmantelar todas las condiciones y las garantías que hoy tenemos. Son argumentos falaces porque no podemos depender de nadie.
Imagínense ‘es que ahora nos cerraron aquí la oficina’, ‘ahora hay una manifestación aquí y no podemos hacer nada porque no pueden ingresar’ o ‘saben que, pues abrieron la oficina y se llevaron las credenciales’. ¡No señores!”, indicó la consejera Claudia Zavala.
La estructura
Actualmente, el organismo cuenta con 845 Módulos de Atención Ciudadana, 478 fijos y 367 móviles, los cuales atienden, en promedio a 500 personas al día.
De los establecidos, únicamente 287 son arrendados, 139 están dentro de las Juntas Distritales o Locales, 39 están en comodato, 6 en instalaciones propias y siete en lugares gubernamentales, como estaciones de transporte.
De acuerdo con el presupuesto anual del INE, se destinan alrededor de 27 millones de pesos al año en arrendamiento, mantenimiento y conservación de dichas oficinas.
En su informe sobre el impacto de la reforma electoral, la reestructura que se busca hacer en las juntas distritales, al convertirlas en temporales y despedir a cuatro de cinco vocales, sí impactará en la operación.
Para empezar, afirma, el vocal encargado del Registro Federal de Electores desaparecerá, por lo que no habrá encargado especializado en supervisar los módulos de su distrito.
“Bajo la premisa del ahorro en rentas, pero sin ningún estudio que dé cuenta de la disponibilidad efectiva de los espacios públicos y de que estos cuenten con las características apropiadas de ubicación, espacio, funcionalidad, accesibilidad, seguridad e independencia operativa, que aseguren la calidad mínima necesaria para garantizar a plenitud los derechos de la ciudadanía de votar y ser votado, así como su derecho a la identidad”, indica el estudio.
“Con esta medida se deja de lado que actualmente el INE cuenta con inmuebles adecuados para la óptima atención a la ciudadanía en la captación de trámites registrales, los cuales están dotados de espacios adecuados y acondicionados bajo un Modelo Institucional”.
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