España.- La empresa española Eliminalia obtuvo ingresos por millones de euros en la última década por limpiar la reputación en Internet de centenares de condenados e investigados en 54 países por corrupción, blanqueo, abusos sexuales y narcotráfico.
Así lo reveló una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, donde participa El País con más de una veintena de medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y Haaretz. Y que revela las tretas de desinformación de esta compañía para aniquilar contenido digital.
El empleo de webs falsas o el uso fraudulento de leyes para proteger la propiedad intelectual son sus principales armas.
Un centenar de reporteros analizaron una filtración de 50 mil documentos que incluye contratos, pasaportes, contenidos a borrar y tarifas abonadas por cerca de mil 500 usuarios. La iniciativa se enmarca en el proyecto Story killers (exterminadores de reportajes, en inglés), que desgrana la industria de la desinformación.
Las tarifas que desembolsan políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios en apuros por evaporar su pasado digital oscilan entre los 500 dólares por una web (según un contrato de 2018) a 427 mil 584. La factura depende de los artículos a neutralizar y su complejidad. El monto a pesos, de acuerdo al tipo de cambio de aquel año oscila entre los nueve mil 250 pesos hasta los siete millones 910 mil 310 pesos.
Para conseguir su propósito, la firma recurre a distintas tácticas de desinformación. Una es el envío a buscadores y compañías de alojamiento web de peticiones que denuncian la falsa vulneración de derechos de autor. Entre 2015 y 2021, Eliminalia remitió miles de estos requerimientos fraudulentos con el argumento de que afectaban a información ya publicada. Y recurrió a sociedades pantalla para ocultar su rastro.
Otro plan para evaporar contenido no deseado consiste en engañar al algoritmo de buscadores como Google para que posicione mejor noticias creadas ad hoc por Eliminalia en webs falsas. Se trata de artículos que destacan supuestas bondades de los clientes y que entierran en internet la información a marginar.
Eliminalia recurre para este cometido a una telaraña de 600 webs que controla a través de su compañía de Florida (EE. UU.) Maidan Holding, según el analista técnico Tord Lundstrom. Decenas de portales fraudulentos con apariencia real como Le Monde France, London New Times, y CNNEWS Today han alojado noticias sobre clientes de la compañía.
Fundada en 2013 por Diego (Didac) Sánchez Jiménez, un treintañero que se presenta como emprendedor “hecho a sí mismo” y que es autor del libro “El secreto del éxito”, Eliminalia ha extendido su red por 12 países. Italia, Suiza, Turquía, EE. UU. conforman parte de un organigrama que tiene uno de sus cuarteles generales en Tbilisi (Georgia), donde la compañía trasladó su sede de Kiev en febrero de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.
Junto a Sánchez, el estratega del negocio es José María Hill Prados, de 62 años. Fundador de la organización de acogida de niños rusos Padres para Siempre, este empresario pasa por ser el cerebro de la expansión internacional. Los servicios de inteligencia españoles enmarcan la elección de Ucrania como epicentro de operaciones de Eliminalia hasta el pasado año en una finalidad económica. “Ucrania es un país donde los controles de lavado de dinero son casi inexistentes”, señalan.
A través de madejas societarias, el fundador de Eliminalia controla varias compañías con su socio Hill Prados, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a ocho años de prisión por abusar de un menor en 2005.
Sánchez y Hill Prados han declinado atender a los periodistas del consorcio. El despacho de abogados de París Montmartre, representado por los letrados David y Pascal Winter, señala que “la mayoría de las preguntas remitidas a Eliminalia afectan al secreto profesional o a una solicitud de información sobre clientes de la que no pueden responder”.
Con unos ingresos declarados en 2021 de 791.110 euros, frente a los 1,7 millones del año anterior, la sociedad con la que opera la compañía en España (Eliminalia 2013 S. L.) cambió el pasado 20 de enero su denominación. Justo cuando encaraba la recta final esta investigación periodística. Idata Protection S. L. es su nuevo nombre, según el registro mercantil.
Los clientes de Eliminalia
Javier Duarte
El que fuera entre 2010 y 2016 gobernador de Veracruz -tercer Estado más poblado de México- cumple hoy una pena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva. Este priista, que fue arrestado en 2017 en Guatemala cuando planeaba fugarse, se declaró culpable de corrupción y alcanzó un pacto con la Procuraduría General de la República (PGR), que le atribuía el saqueo de 13 millones de dólares.
Eliminalia recibió el encargo de borrar decenas de informaciones en la red y vídeos de YouTube de Duarte, la mayoría publicados en 2020, en medios y portales como sinembargo.mx, publimetro.com o vanguardia.com.mx. La compañía española cobró por este trabajo 32.000 dólares de la firma Operación y Conservación de carreteras a través del empresario Jaime Antonio Porres Fernández Cavadas, quien, según el diario El Universal, es amigo de Duarte e hizo negocios durante su mandato en Veracruz. Titulares como “Exhiben hotel y edificios de departamentos de Duarte en España” o “Duarte vendió casa en Estados Unidos a su tío por 10 dólares, según documentos”, figuraron en el radar de Eliminalia.
Pedro Miguel Haces Barba
Antiguo dirigente del PRI y amante de la tauromaquia, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) tocó a la puerta de la controvertida empresa española. Haces Barba contrató a Eliminalia por 110.000 ( su ficha no especifica la divisa) para que desaparecieran de la red 300 enlaces de noticias publicadas entre 2019 y 2020. Sus objetivos fueron artículos como “Senador Pedro Haces: fichado por robo y portación de armas” e informaciones que le acusaban de misógino tras asegurar presuntamente que las mujeres “debían de ser menos provocativas con su vestimenta”. El expriista también encargó a la firma española la desindexación de informaciones que le conectaban con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
Joaquín Leal
A sus 30 años, este emprendedor mexicano está considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un cómplice en la red de intercambio de petróleo con Venezuela ideada por Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. El empresario fundó con otros dos socios Suministros Sustentables de Energía en México (Sumex), primera empresa privada autorizada para revender electricidad en México. Leal pagó en marzo de 2020 un total de 380 dólares a Eliminalia.
Miguel Ángel Colorado Cessa
El que fuera candidato del Partido Acción Nacional (PAN) de México en las elecciones federales de 2009 fue señalado como presunto blanqueador de los Zetas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Y pagó 9.000 dólares a Eliminalia en 2018 por borrar o desindexar de la red 32 enlaces de noticias que le conectaban con el crimen organizado en medios como aristeguinoticias.com, sinembargo.mx o proceso.com.mx.
Seguritech
La empresa mexicana de cámaras de seguridad quiso aniquilar su mala reputación en la red. Una investigación de la revista Proceso reveló en 2018 presuntos fallos en sus dispositivos de vigilancia. La administración de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de Ciudad de México entre 2012 y 2018, adjudicó a Seguritech un contrato de 125 millones de dólares para proveer 501.000 alarmas vecinales. Los dispositivos se adquirieron por encima del precio de mercado, según el semanario. La firma contrató a Eliminalia por 9.900 dólares para tratar de borrar decenas de artículos como “Seguritech: Servicios deficientes, ganancias millonarias”.
Hernán Horacio Taricco Lavin
Médico vinculado a la DINA, la temida policía política de la dictadura chilena de Augusto Pinochet. En 2020, fue procesado como encubridor por el homicidio en 1977 del cabo del Ejército y exfuncionario de la DINA Manuel Lyton, que fue envenenado con gas sarín. En 2013, la abogada Carmen Hertz, actual diputada, le nombró en una lista de médicos vinculados a la represión, informa Rocío Montes.
Majed Khalil Majzoub
Empresario próximo al chavismo con intereses en Venezuela, Estados Unidos y Panamá. De origen libanés, el Gobierno de Nicolás Maduro le adjudicó en 2020 la empresa Lácteos los Andes. La compañía había sido expropiada en 2008 por la administración de Hugo Chávez y llegó a formar parte del conglomerado estatal de PDVSA, según Armando.info.
Isaac Sultán
Empresario venezolano del comercio marítimo conectado al chavismo que administró los almacenes de Puerto Cabello. A través de un alambicado entramado societario, donde figura la firma luxemburguesa Fimis Holding, adquirió un céntrico edificio de súper lujo en Madrid en 2014 por 28,3 millones y un apartamento en Florida en 2016, según Armando.info. Contrató a Eliminalia en 2019 por 100 mil dólares para tratar de ocultar información.
María Eugenia Baptista Zacarías
Esposa de Haiman El Troudi, ministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela entre 2013 y 2015 y diputado por el Estado de Miranda hasta 2020. El Troudi cobró presuntamente 90 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht mediante una sofisticada pantalla de blanqueo ideada por el Grupo Espíritu Santo y donde figuró su mujer, según Los Papeles de Pandora.
Eliminalia cobró 30 mil (la factura no especifica la divisa) por tratar de desindexar decenas de informaciones críticas sobre la esposa del exministro que le conectaban con sobornos de Odebrecht en elpais.com, armando.info, reuters.com y aporrea.org.
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