Ciudad de México.- Bryan LeBarón y otros activistas presentaron ayer una denuncia ante la FGR en contra de Genaro García Luna por el delito de traición a la patria, por haber puesto en manos del crimen organizado territorios completos del País y generar una violencia que rebasó a las autoridades.
Acompañado de Marcela de Jesús Natalia, locutora indígena que sufrió un atentado, y de Manuel Ramírez Valdovinos, quien estuvo preso por el homicidio de una persona que continúa viva, los denunciantes pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador atender al reclamo de las víctimas de delitos.
“Lo dice el Código Penal, habla de lo que está reconocido, de que García Luna ayudó a meter gente del crimen organizado dentro de las instituciones y también (para) poseer territorio nacional, eso por el Código se considera traición a la patria y de eso se trata la denuncia. Queremos que se investigue y se pongan a purgar al sistema para sacar a esos corruptos”, dijo Bryan LeBarón.
Y le pregunto al señor presidente, mira, estamos en la misma página, que se supone que el Presidente quiere combatir la corrupción de García Luna y de sus cómplices y de ayudar a las víctimas que sufrieron y por eso estamos aquí, pidiendo por favor al presidente que vea este caso, que nos ayude a presionar para que haya libertad y que reconozca la injusticia que han sufrido”.
Los activistas también reclamaron justicia en casos que estuvieron a cargo de García Luna y en los que se violó el debido proceso.
Señalaron el caso de un presunto montaje en el caso de 11 personas detenidas en 2006 en Tláhuac por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, a quienes acusaron de pertenecer a la banda de “Los Mohamed”.
Otro caso reclamado es el de 14 indígenas otomíes presos en el Reclusorio Sur, uno de ellos Margarito García Castro, detenido en 2005 por la AFI por secuestro, quienes no contaron con traductores tras sus capturas y han denunciado haber sido objeto de torturas.
Antes del mediodía, los activistas se dirigieron a la Corte, para pedir una cita con la ministra presidenta Norma Piña. La intención es pedirle que atienda casos como los mencionados, en los que estiman que se han cometido injusticias.
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