Ciudad de México.-Tras dos años de que fue aprobada en la Cámara de Diputados la abrogación de la Ley de Imprenta, que castiga las injurias al Presidente, el Senado retomará la eliminación de esta norma.
La Ley sobre Delitos de Imprenta, ordenamiento publicado en 1917 castiga con severas penas las “injurias” al Presidente de la República, Secretarios de Estado, Ministros, Gobernadores y al Fiscal General.
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda elaboraron un dictamen a la minuta con proyecto por el que se abroga la controvertida ley, dos años y tres meses después de que el tema fue avalado por los diputados en San Lázaro.
Venustiano Carranza emitió una ley reglamentaria de los artículos 6 y 7, gobernando en situación de emergencia, es decir, no era Presidente Constitucional, sin embargo, hizo uso de facultades extraordinarias para legislar, razón por la cual este ordenamiento no pasó por el filtro de un Poder Legislativo”, se lee en el dictamen.
A mediados de febrero, a propuesta de la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, cercana operadora del coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con el que se elevaban las penas por el delito de “injurias”.
Dos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su inconformidad con esa ley y advirtió que la derogaría.
“Ya me enteré –dijo– de que fue una diputada de Morena la que propuso lo del aumento de la multa a los que insulten al Presidente –lo hizo sin malas intenciones–, pero esa ley, debe ser eliminada”, sostuvo.
A juicio de los senadores, luego del traspié de la operadora monrealista, “la Ley de Imprenta atenta contra el principio de progresividad de los Derechos Humanos, ya que limita de forma evidente, por no decir grave, el goce y ejercicio de los derechos de libertad de expresión, opinión e imprenta”.
Con la abrogación de la Ley, observaron, “se logra la efectividad de los derechos humanos de manera positiva al promoverlos de manera progresiva y gradual, transformando la norma de tal suerte que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, incrementando el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía, erradicando medidas que sin plena justificación constitucional disminuyen el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano”.
En noviembre de 2020, el pleno de San Lázaro abrogó con 470 votos a favor y uno en contra el ordenamiento publicado en 1917, por considerarlo una “ley mordaza”.
El Senado recibió la minuta el 27 de noviembre de ese año y fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, pero el texto no se discutió, por lo que la abrogación de la ley no se pudo concretar en la Cámara alta.
A diferencia de lo ocurrido en febrero pasado con la monrealista Hernández Ruedas, en 2020 fueron los diputados de Morena quienes advirtieron sobre los riesgos de mantener la Ley sobre Delitos de Imprenta.
Rocío Barrera, entonces presidenta de la Comisión de Gobernación, advirtió que mantener vigentes disposiciones que en el pasado se usaron para reprimir la libertad de imprenta y mantener a raya el periodismo, era un riesgo latente.
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