Ciudad de México.- La Ley de Amnistía, norma con la que el Gobierno federal pretendía otorgar “perdón” y liberar a cientos de reos, se ha quedado corta y lejos de las expectativas para la que fue creada en la administración de la 4T.
De acuerdo con cifras oficiales, la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes, ha recibido 2 mil 295 peticiones de amnistía desde 2020, pero sólo 243 internos han podido obtener ese beneficio y salir de prisión.
Es decir, que solamente el 10.5 por ciento de los reos interesados ha obtenido el beneficio de amnistía, con el que cual se buscaba hacer “justicia social” en favor de cientos de presos, principalmente indígenas y personas vulnerables acusadas por delitos menores.
Más de la mitad de las solicitudes (54.7 por ciento) ya fueron desechadas, principalmente porque los interesados no cumplen con los requisitos de ley, entre los cuales hay varios “candados”, como que el reo no sea reincidente, y hay más de 600 asuntos en trámite.
Esta situación incluso llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconocer, el 22 de agosto de 2022, que la Segob no había sido capaz de acelerar la liberación de reos a través de la Ley de Amnistía.
“Ya pasaron tres años. Y así hay muchísimos casos, al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto, porque hay mucha gente en prisión (…) que nunca ha tenido abogados que los defiendan”, expresó en esa ocasión.
Y ya emití un decreto de amnistía, pero no avanza, porque también parece como si estuviésemos en la época colonial que se decía: ‘Se acata, pero no se cumple’. Entonces, como yo soy perseverante, se debe de acatar y se debe de cumplir”, agregó.
Un documento de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Gobernación, titulado: “Beneficio de Amnistía”, señala que, hasta el 27 de enero pasado, la dependencia había recibido 2 mil 295 solicitudes.
De estas, 834 fueron declaradas “notoriamente improcedentes” por no adecuarse a la ley ni salvar las causales de exclusión, por ejemplo, que existe impedimento legal de competencia o porque el delito no está previsto en la ley en la materia.
Otras 422 solicitudes fueron desechadas al ser calificadas “improcedentes de fondo”, que son aquellas de las que no se tiene impedimento legal, pero que, tras el análisis de la Comisión de Amnistía, no se consideró que cumplía con los requisitos previstos en la ley.
La Comisión de Amnistía consideró procedentes 243 solicitudes, las cuales fueron calificadas de legales por jueces, es decir, que se confirmó el beneficio.
El 22 de abril de 2020 fue publicada la Ley de Amnistía impulsada por el Ejecutivo federal, y el 23 de junio se instaló formalmente y sesionó por primera vez la Comisión, que integran varias dependencias.
Sin embargo, fue hasta el 19 de agosto de ese año que se emitieron los “Lineamientos para el Procedimiento de Atención de Solicitudes de Amnistía”, que son las reglas básicas para atender y dar trámite a las peticiones.
Organizaciones que conforman el denominado Observatorio de Amnistía, como CEA Justicia Social, Documenta AC y Equis Justicia para las Mujeres, han criticado lo que consideran son nulos resultados.
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FRG