Ciudad de México.- Un juez federal concedió hoy la primera suspensión de la que se tiene conocimiento público para proteger a una empleada del Instituto Nacional Electoral (INE) contra su eventual despido, derivado de la reforma conocida como “Plan B”.
Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, otorgó la suspensión provisional a Raquel Mondragón Correa, jefa de Departamento de Programación y Proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, una de las áreas del INE eliminadas por el “Plan B”.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecuten los efectos del acto reclamado, esto es, para que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del decreto combatido, es decir, continúe la parte quejosa en el cargo que ostenta, recibiendo sus prestaciones en la forma en que lo ha venido haciendo”, ordenó el juez.
Regis decidirá el 23 de marzo si concede una suspensión definitiva, que mantendría a Mondragón Correa en su puesto durante todo el tiempo que tome el tramite de su juicio de amparo.
Mondragón impugna la derogación del artículo 60 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que preveía la existencia de la Unidad Técnica donde labora.
También cuestiona el traspaso de las funciones de dicha Unidad a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, así como ocho artículos transitorios que ordenan al INE concluir su reestructuración a mas tardar en agosto, pagar indemnizaciones por despidos con fondos de sus fideicomisos, aprobar un nuevo Estatuto Orgánico y elaborar un nuevo tabulador salarial, entre otras medidas.
La semana pasada, la jueza Blanca Lobo concedió una suspensión definitiva que permitió reinstalar en su puesto a Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE.
Pero el caso de Jacobo es distinto al del resto de los empleados del INE, pues la mayoría de Morena y aliados en el Congreso incluyó en el “Plan B” un artículo transitorio específicamente para removerlo del cargo en cuanto fuera publicada la reforma, lo que sucedió el 2 de marzo.
Mondragón no es la única empleada del INE que ya presentó un amparo. Un grupo de once trabajadores también promovió una demanda, pero los jueces Décimo séptima en Materia Administrativa y Segundo en Materia de Trabajo, se han declarado incompetentes.
“El decreto impugnado es de naturaleza administrativa, ya que sólo en caso de que exista un acto de aplicación que recaiga en una afectación material, directa y actual a la esfera jurídica de los quejosos como un despido, es que se podrían tener elementos para su impugnación en materia de trabajo”, resolvió hoy el juez Segundo, Manuel Racine, al devolver el expediente a la jueza 17, Celina Quintero.
Otro grupo de 147 empleados presentó su amparo el 6 de marzo, pero de una revisión de las listas de notificación de los nueve juzgados en Materia de Trabajo, no aparece algún acuerdo al respecto.
El INE ya presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar toda la reforma, misma que esta pendiente de ser admitida a trámite.
En esta controversia, y en acciones de inconstitucionalidad de los partidos de Oposición y las minorías en el Congreso, es donde se decidirá la suerte del “Plan B”, pero se requerirá el voto de ocho de los once ministros para anularlo.
JFF