Ciudad de México.- Durante el cuarto año de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los ataques a la prensa alcanzaron un nivel sin precedentes al registrarse 696, es decir, uno cada 13 horas, informó Artículo 19.
En su informe anual 2022, titulado “Voces contra la indiferencia”, la organización ciudadana señaló que los ataques van desde violencia en las redes sociales hasta homicidios, pasando por hostigamiento judicial y otros procedimientos de presión y estigmatización.
“Con 12 homicidios de periodistas cometidos en posible vínculo con su labor, México se posiciona como el País más letal para la prensa en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra, como Ucrania”, indicó.
Los 696 ataques cometidos el año pasado contra la prensa, comparó, representan un 329.6 por ciento más de los registrados en el cuarto año de Gobierno de Felipe Calderón y un incremento de 63.4 por ciento respecto al mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Es así como durante el cuarto año de Andrés Manuel López Obrador se agredió a la prensa cada 13 horas, mientras que en el mismo periodo de las dos administraciones pasadas la frecuencia fue de 21 y 55 horas, respectivamente”, detalló.
Acusa estigmatización
Los ataques contra la prensa, indicó, se dieron en un contexto creciente de estigmatización de los periodistas y medios de comunicación, encabezado por el Presidente de la República, quien cotidianamente arremete contra ellos en sus conferencias matutinas.
“El Presidente de la República no ceja en su estrategia de anular al mensajero. Durante 2022, Article 19 realizó un monitoreo del uso y réplica de discursos emitidos en el espacio de la conferencia matutina, el cual mostró que en al menos 176 ocasiones se vertieron comentarios estigmatizantes dirigidos a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil”, resaltó.
“De estos 176 eventos, 44 configuraron ataques contra la prensa, en especial, 33 cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal. Es lamentable que no hubiera un golpe de timón en el ánimo de descalificación justo en el año que más se mató a periodistas en el País”.
Además de los 12 asesinatos, informó, hubo nueve tentativas de homicidio contra comunicadores en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Yucatán; en seis casos se emplearon armas de fuego, en uno, un arma punzocortante y en otros dos se trató de persecuciones y choques de auto provocados, en los que ambos periodistas sufrieron lesiones.
“Sea por contubernio o por ausencia, lo cierto es que, ante el aumento de la violencia, el Estado mexicano ha sido omiso en la realización de acciones que prevengan este y otros tipos de ataques contra la prensa”, acusó. Sus nombres La mayoría de los periodistas asesinados, identificados como José Luis Arenas Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez Ramos, Antonio de la Cruz, Alan González y Juan Arjón López, cubrían asuntos de corrupción y política, seguidos de los que reporteaban seguridad y justicia.
“En nueve de las 12 muertes, integrantes del crimen organizado fueron identificados como posibles autores materiales, los cuales, según la información recabada por Article 19, operan en colusión con las autoridades. Ello configura la existencia de redes criminales entre poderes públicos y fácticos, y explica por qué la impunidad es tan alta y se mantiene con el tiempo”, indicó. Espiados Los comunicadores y activistas también han sido víctimas de espionaje por parte del Estado, durante 2022 se dio a conocer los casos de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y de dos comunicadores, uno de ellos el articulista y conductor Ricardo Raphael, quienes fueron espiados por el Ejército a través del malware Pegasus.
“Estos hechos reafirman el uso ilegítimo de tecnologías de vigilancia, en especial, el realizado por las Fuerzas Armadas sin contar con atribuciones normativas”, señaló.
“También confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos como activistas, periodistas y defensores/as de los derechos humanos que investigan, denuncian y ex – ponen casos en que éstos son violados”, señaló.
“Sea por contubernio o por ausencia, lo cierto es que, ante el aumento de la violencia, el Estado mexicano ha sido omiso en la realización de acciones que prevengan este y otros tipos de ataques contra la prensa”.
JFF