Ciudad de México.- Un año tres meses después de la muerte de 56 migrantes en un tráiler que volcó en Chiapas, otra tragedia volvió a ocurrir ahora en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Encerrados y dejados a su suerte bajo el fuego, así fallecieron 39 migrantes el pasado lunes 27 de marzo en un centro de detención del Instituto Nacional Migración (INM) en esa localidad fronteriza.
De inmediato, surgieron condenas por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como partidos de Oposición, no así del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Primero, el mandatario federal culpó a migrantes de quemar el lugar: “Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados”.
Como protesta, agregó, “pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”.
El titular de Gobernación, Adán Augusto López, en quien recaen las responsabilidades legales de las instituciones migratorias, señaló al canciller Marcelo Ebrard como el encargado de esa tarea.
Y Ebrard, a quien un decreto le transfirió la coordinación migratoria, pidió preguntar al INM por los trágicos hechos. Tras conocer los dichos del titular de Segob, y casi 24 horas después de la tragedia, tuiteó: “Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.
Conforme a evidencias y testigos, los migrantes fueron encerrados con candado y, al iniciarse un motín, la agente que tenía las llaves desapareció.
Tras pasarse la bolita, el Gobierno federal designó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como vocera del caso.
En tres conferencias consecutivas con la fiscal Sara Irene Herrerías, informó que hay cinco imputados: tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, un guardia de una empresa de seguridad privada y un migrante venezolano -quien supuestamente inició el incendio, a quienes les dictaron prisión preventiva.
La secretaria también dijo que abrieron proceso sancionador y multarán a la empresa de seguridad que operaba en la sede del INM en Ciudad Juárez tras hallar diversas irregularidades, como que sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el INM era por 503 empleados en instalaciones ubicadas en 23 estados.
Jorge Vázquez Campbell, abogado defensor de las víctimas de la tragedia, acusó al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), el contralmirante Salvador González Guerrero, de ordenar dejar encerrados bajo llave a los migrantes, por lo el mando que fue llamado a declarar ante la Fiscalía General de la República.
Apenas este 31 de marzo, el presidente López Obrador aseguró que esta tragedia es uno de los casos que más le ha afectado en su sexenio.
“Yo les digo algunas cosas, primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado”, dijo en su conferencia mañanera.
Yo he tenido momentos difíciles, de los más difíciles, fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente, y luego este, este me conmovió, me partió el alma”, dijo en conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Destapan derroche y opacidad en INM
De acuerdo al semanario Proceso, el Instituto Nacional de Migración (INM) gasta más de tres veces lo que le asigna la Cámara de Diputados, el instituto se ha vuelto opaco en la gestión de Francisco Garduño Yáñez.
Al revisar la gestión del INM en la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló cómo el equipo de Garduño dispersó más de 230 millones de pesos en empresas “de papel”.
La segunda auditoría, referente a la cuenta pública 2021, determinó que el INM no tiene sistemas de gobernanza o de control interno efectivos
El INM pagó 358 millones de pesos entre 2020 y 2021 a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) para custodiar sus 28 recintos en el país. Su dueño es el empresario coahuilense Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien funge como cónsul honorario del gobierno de Nicaragua en Monterrey y Saltillo.
El INM dio 165 millones de pesos en 2022 la vigilancia al Grupo de Seguridad Privada CAMSA, cuyo nombre comercial es Grupo Tank. Era la encargada de vigilar a los migrantes que murieron en Ciudad Juárez.
‘Lo que pasó no tiene nombre, es inhumano’
Familiares de los guatemaltecos que perdieron la vida en el incendio del lunes pasado condenaron la inacción del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el siniestro registrado en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Lo que pasó es inhumano, porque se vio justamente en el video (de las cámaras de seguridad de la estación) las no acciones del personal”, dijo a Grupo Reforma Miguel Ángel, cuñado de Roberto González Hernández, uno de los 10 guatemaltecos fallecidos.
“Esto cae en manos del Estado de México. Yo siento que no tiene nombre lo que pasó”, agregó desde la aldea de San Antonio Sija, una zona rural de la región de Totonicapán, donde vivía Roberto.
Miguel señaló que su cuñado partió de su país con la esperanza de llegar a Estados Unidos, donde soñaba con tener recursos para poder dar mejores oportunidades de vida a su esposa e hijos, una niña y un niño de entre 8 y 11 años. En Guatemala trabajaba en maquilas, pero se vio en la “necesidad de salir a buscar un sueldo digno”.
“Si le contara cómo está de difícil la situación en Guatemala no habría tiempo para decirle todo, somos del área rural (…), el sueldo que recibimos es una miseria”.
La corrupción en todos los niveles de Gobierno, afirma Pedro González Pérez, tío de Roberto, es una de las principales razones que ha provocado que mucha gente viva en pobreza y luego se vea obligada a salir del país para poder comer.
En diciembre, el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fue condenado a 16 años de prisión por corrupción.
Los dos mandatarios que le siguieron, Jimmy Morales (2016-2020), y Alejandro Giammattei (actualmente en el cargo) también han sido señalados de mantener un esquema de corrupción e impunidad en el Gobierno.
El impacto en la población ha sido mayor pobreza, situación que se vio agravada con la pandemia de COVID. Casi un 60 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y, según el Banco Mundial, el país tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo.
“Que no les abrieron la puerta (a los migrantes) para mí es algo ridículo, y yo como familiar de él (de Roberto) -y espero que también los otros familiares de los demás fallecidos lo hagan-, yo sí pido justicia”, enfatizó Pedro.
“También quiero tocar el corazón al pueblo de Guatemala, no deberíamos hacer esto, nuestros familiares no tendrían que ir a buscar a otros lados empleo, así que también qué ridículo que nuestros Gobiernos se están haciendo por la corrupción acá en Guatemala”.
(Con información de Proceso).
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