Ciudad de México.– En su sesión del 30 de marzo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Bienestar buscar y entregar el nombre, cargo, domicilio, teléfono y extensión del Secretario Particular o equivalente a Asesores, Secretario Técnico o Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de dicha dependencia.
Este recurso de la Secretaría de Bienestar demuestra el interés social por saber quiénes son los funcionarios públicos que laboran en esta secretaría federal, que es una de las dependencias con un recurso nunca antes visto en la historia. Hay que decirlo con claridad: las y los mexicanos tenemos derecho a saber quiénes son los servidores que trabajan en cualquier institución pública, sea de la Administración Pública Federal, de organismos autónomos o de cualquier nivel de gobierno. Ocultar la información de quiénes manejan estas situaciones, es caer en la opacidad”, señaló la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al presentar el caso.
La comisionada Del Río advirtió que la corrupción no solo se mide en pesos y centavos, sino que implica muchas otras acciones que pueden parecer menores, pero no lo son, como poner a determinada persona en un cargo público para el que no tenga las habilidades necesarias, lo cual no solo es auditable, sino que representa un riesgo, más en una Secretaría de ese calado.
Así, “la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, los asesores, los coordinadores, o cualquier cargo en la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado -en este caso la Secretaría de Bienestar- transparente la información solicitada”, acotó.
En el caso concreto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una persona solicitó el nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular, o su equivalente a Asesores, secretario técnico o Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría del Bienestar.
El sujeto obligado, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, señaló que no se encontraron coincidencias entre los puestos de secretario Particular o equivalente a Asesores, secretario técnico, Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de Bienestar y los registrados en el Sistema de Administración de Personal.
Ante la respuesta de inexistencia de la información, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión.
En alegatos, la citada Secretaría reiteró su respuesta inicial.
En el análisis realizado por la ponencia, a cargo de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se indicó que al analizar las constancias que integran el expediente y la normatividad aplicable al caso, pudo determinarse que la Secretaría del Bienestar “no cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues si bien turnó la solicitud a una unidad administrativa competente para conocer sobre lo requerido, fue omiso en turnarla a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales quienes, según sus funciones, se encuentran facultadas, respectivamente, para conocer sobre las arquitecturas y soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que el agravio de la persona recurrente resultó fundado”, señaló.
Del Río Venegas manifestó que la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, asesores, coordinadores o cualquier cargo dentro de la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado en cuestión transparente la información solicitada.
“Consolidar el Estado de Derecho implica que las instituciones debemos fortalecer los procesos de contratación y hacer revisiones constantes para evitar malas prácticas, como designar a funcionarios que no cumplen con la experiencia ni con el perfil solicitado, así como permitir la permanencia de personas que no realizan las funciones para las que fueron contratadas, pero sí devengan un sueldo, algunos casos ampliamente documentados a distintos niveles de la administración”, aseveró.
Para concluir, la comisionada Del Río destacó que “el servicio público es pasajero, nosotros estamos de paso, pero las instituciones se quedan y tenemos que asegurar la vida laboral de las y los profesionales”.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría del Bienestar y le instruyó realizar una búsqueda amplia, razonable y exhaustiva de la información solicitada, esto es, nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular o equivalente a Asesores, Secretario Técnico, Coordinador de Gestión, de la Secretaría de Bienestar, en todas las unidades administrativas que resulten competentes.
Sorprende a banca ‘adiós’ a remesas
La renuncia del Banco del Bienestar (BB) al mercado de remesas, que el año pasado superó los 58 mil millones de dólares, sorprendió hasta la banca privada, que aseguró que esta decisión afectará a las personas más pobres, pues tendrán que desplazarse a otros municipios para poder realizar sus cobros.
Un reporte del centro de análisis de BBVA Research publicado la semana pasada refiere que esta medida ocasionará un aumento en el costo de traslado para cobrar las remesas, al disminuir los puntos de pago en zonas rurales y semirurales donde eran el único punto de pago.
“Las sucursales del Banco del Bienestar y su red de corresponsales tenían una cobertura de 935 municipios en 2021, y en algunos de estos eran la única institución que ofrecía servicios financieros y de liquidación de remesas”, se indica en el documento.
“Debido a la falta de infraestructura, y algunas veces a la comodidad para realizar compras, muchos habitantes en zonas rurales y semirurales deben desplazarse a otros municipios y centros urbanos para realizar el cobro de sus remesas”, agrega.
En su reporte, BBVA Research señala que con la salida del BB del mercado de las remesas, en especial con las transferencias realizadas a través de las instituciones de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, es posible que se presenten cambios en la intensidad del pago de estos recursos en todo el País, aumentando la concentración en algunos municipios y centros urbanos con puntos de pago.
El 25 de marzo, el Banco del Bienestar informó que por “decisión propia” abandonaba el servicio de remesas, que presumía como el más eficaz y beneficioso, para concentrase en el reparto de dádivas. Con un comunicado, salió al paso también de la sospecha de ser blanco de operaciones de lavado de dinero, luego de que el banco estadounidense Wells Fargo anunció que a partir del 21 de abril no transferiría dinero mediante el BB.
Para BBVA Research, la decisión del Gobierno federal se puede entender por la pérdida gradual de la institución en el mercado de remesas.
“En 2018, México recibió 33 mil 677 millones de dólares por concepto de remesas familiares, de las cuales Banco del Bienestar (antes Bansefi) pagó cerca de mil 365 millones de dólares lo que equivale a 4.1 por ciento del total”.
“Para 2022 se estima que el Banco del Bienestar liquidó mil 392 millones de dólares en remesas de un total de 58 mil 510 millones que llegaron a México, lo que representó una cuota de mercado de 2.4 por ciento”, refiere.
En un reporte publicado en la semana sobre la situación económica del País, Citibanamex atribuyó el crecimiento de las remesas a México a “los enormes apoyos del gobierno de Estados Unidos durante la pandemia” y el aumento de migrantes mexicanos en ese país.
Indicó que los controles contra el lavado de dinero se han fortalecido, pero reconoció que es casi imposible hacerlo ante pequeñas cantidades.
“También citamos las dificultades que las autoridades de EU han declarado encontrar en la correcta aplicación de los controles de esa actividad. Dado el bajo monto de la remesa promedio, al mismo tiempo que es más difícil mantener un control sobre todo los envíos”, afirmó.
(Con información de Agencia El Universal y Reforma).
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