Ciudad de México.- El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Salvador González Guerrero, no podrá ser detenido porque un juez federal le otorgó una suspensión provisional con la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta vinculación directa en la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez.
Desde el miércoles, el contralmirante retirado es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) para detenerlo; sin embargo, no lo ha podido localizar en la ciudad fronteriza con Estados Unidos.
El 12 de abril, González Guerrero tramitó un amparo por cualquier “orden de citación, comparecencia, detención, aprehensión o reaprehensión” en su contra, mismo que fue admitido a trámite y por lo que se le concedió la medida.
La suspensión provisional otorgada al militar retirado tiene efectos contra la “orden de aprehensión y reaprehensión” emitida por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua y para que quede a disposición del juez de amparo, en caso de que los delitos que se le imputan ameriten prisión preventiva, únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal.
Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el delegado del INM no sea detenido.
Deberá comparecer de manera física
En caso de que esto ocurra, el aún funcionario del INM deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial, debiendo acreditar ante el juez de amparo a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento.
El juez de amparo programó para el 20 de abril la audiencia en la que resolverá si concede la suspensión definitiva a González Guerrero.
Dictan prisión preventiva a funcionarios de INM por incendio
Un juez federal dictó la prisión preventiva de oficio a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, detenidos ayer por el caso del incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 25 resultaron heridos.
Por pedido de los imputados, Ernesto Cornejo Ángeles, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, duplicó el plazo legal para resolver la situación jurídica y será el próximo martes 18 de abril a las 15:15 horas cuando defina si los vincula o no a proceso.
En una audiencia iniciada anoche y concluida esta tarde, la Fiscalía General de la República imputó los delitos de ejercicio Ilícito del servicio público, homicidio y lesiones a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y Cecilia Rivera Tena, agente de Migración “B”.
Por lo menos hasta el próximo martes, los funcionarios permanecerán sujetos a prisión preventiva de oficio en el Penal de Ciudad Juárez.
El miércoles un juez de distrito ordenó las aprehensiones de cuatro servidores públicos del INM, de los cuales los tres ahora presos fueron detenidos ayer en operativos de la Policía Federal Ministerial de la FGR en la ciudad fronteriza y el municipio chihuahuense de Ascensión.
El único que logró darse a la fuga es el Contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, contra quien pesa una orden de aprehensión por los mismos delitos.
En esta causa penal, la FGR también procedió penalmente contra Francisco Garduño Yáñez, director del INM, y Antonio Molina Díaz, jefe de Control y Verificación Migratoria del INM, sólo que contra ellos no pidió las órdenes de captura, sino citatorios para presentarse por su propio pie a una audiencia de imputación ante el juez.
Además, van a ser imputados sólo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.
La audiencia de Molina está agendada para el jueves 20 de abril y la de Garduño para el día siguiente. Ambos deberán presentarse físicamente a una sala del Centro de Justicia en Ciudad Juárez, ya que la autoridad judicial no aceptó que la diligencia se llevara a cabo por videoconferencia.
(Con información de Agencia El Universal y Reforma).
JFF
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