Ciudad de México.- Un juez federal negó a la Fiscalía General de la República imponerle la prisión preventiva justificada a Antonio Molina Díaz, jefe de Control y Verificación Migratoria, por el caso del incendio que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, la FGR pidió hoy dejar en prisión al funcionario, argumentando que era el segundo al mando del Instituto Nacional de Migración (INM) y en esa condición podía contaminar las pruebas de la carpeta de investigación.
Al mismo tiempo, la asesoría jurídica de las víctimas pidió que también le. Impusiera la prisión preventiva justificada porque el funcionario no radicaba ni tenía arraigo en Ciudad Juárez, una condición que propiciaba el riesgo de fuga.
José Avelino Orozco Córdova, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad fronteriza, negó la solicitud de la Fiscalía porque estimó que sus afirmaciones eran subjetivas y no acreditó que Molina fuera el segundo mando en importancia en el INM.
Al mismo tiempo, también rechazó la solicitud de la asesoría legal, porque las víctimas no tienen la facultad para solicitar medidas cautelares, indicaron las fuentes consultadas.
Por lo anterior, Orozco determinó sólo imponer como medidas cautelares la presentación periódica mensual y la prohibición de salir del país.
Debido a que la defensa de Molina argumentó no haber tenido acceso a todos los registros de la carpeta de investigación, el juez canceló hoy la audiencia y acordó continuarla mañana a las 10:00 horas, pero sin suspender el término para definir su situación jurídica.
La FGR busca que Molina sea procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Si bien el ilícito no contempla la prisión preventiva de oficio o en automático, sí puede ser solicitada la prisión preventiva justificada, sólo que en estos casos la Fiscalía debe convencer al juez que sólo la cárcel puede garantizar que un imputado pueda ser conducido al proceso.
Antes la FGR ya había conseguido que se aplique la más grave de las medidas cautelares por un delito equivalente al de Molina y ese fue el caso de Rosario Robles, quien estuvo 3 años tras las rejas y en febrero pasado un juez canceló su proceso por ejercicio indebido del servicio público.
Por el caso del incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, la FGR ha ejecutado 9 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados, los cuales todos están presos.
También procedió penalmente contra dos mandos de Migración, aunque en este caso no pidió sus capturas sino los citatorios para que comparecieron personalmente a una audiencia de imputación.
Uno de ellos es precisamente Molina, quien se presentó hoy en el Centro de Justicia.
El otro es Francisco Garduño Yáñez, director del instituto, quien está citado para este viernes ante el juez de control para ser imputado por el mismo delito por el que hoy la FGR quiso dejar en la cárcel a su subordinado.
JFF