Ciudad de México.- Coordinadores parlamentarios de Morena, PVEM, PT y PRD de la Cámara de Diputados le pidieron al Senado corregir la reforma constitucional para inhabilitar a posibles candidatos con antecedentes de violencia o que sean deudores alimentarios.
Por medio de un comunicado, los legisladores solicitan que la inhabilitación no sea retroactiva con hechos cometidos antes de la reforma y que la sanción tampoco sea para siempre.
La reforma ya fue avalada en comisiones del Senado y es uno de los temas pendientes a discutir en estos días, antes del fin de periodo de sesiones, el 30 de abril.
La exdiputada de MC Martha Tagle denunció que los integrantes de los diputados de la Jucopo pretenden pasar por encima de la voluntad mayoritaria del Pleno y, en especial, de todas las diputadas que impulsaron la reforma llamada 3de3 contra la violencia.
Advirtió que no tienen ninguna facultad para andar pidiendo cambios a un proyecto de decreto, pues está fuera del proceso legislativo.
Esta reforma constitucional para que no haya #NingunAgresorEnElPoder debe aprobarse en su totalidad (ambas cámaras y 17 congresos locales) a más tardar en mayo, para que tenga efecto en las elecciones del 2024. No debe modificarse para sacarla a tiempo”, reclamó Tagle.
“Los señores diputados saben bien que no pueden mandar modificaciones a la minuta que ya fue aprobada en @Mx_Diputados y en @senadomexicano no deben aceptar ninguna de esas modificaciones, pues además en comisiones ya fue aprobada en sus términos”.
La reforma plantea cambios a los artículos 38 y 102 para la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quienes estén legalmente señalados como deudores alimentarios y que tengan sentencia firme sobre actos de violencia contra las mujeres.
En un escrito dirigido al presidente del Senado, Alejandro Armenta, los diputados solicitan tres cambios a la minuta.
Uno de ellos, adicionar un tercer artículo transitorio en el que se establezca que los supuestos de privación de derechos políticos para ser postulado a un cargo de elección popular, “iniciarán a partir de que la norma entre en vigor, por lo que no habrá aplicación retroactiva para el acto, hecho u omisión ilícita cometida antes de la publicación del decreto, tal como lo mandata el artículo 14, párrafo primero de la Constitución”.
En los hechos, esto impediría que la reforma aplicara de inmediato y podrían ser candidatos en el 2024 hombres que tengan dichos antecedentes, por el hecho de haber cometido la falta antes de la reforma.
En el escrito también piden que en el artículo 38 se precise la proporcionalidad entre la conducta que se sanciona y el castigo.
También solicitan “establecer con claridad que la cancelación de derechos “no será de por vida”, porque la Constitución establece que no debe haber castigos “excesivos”.
La abogada y feminista Patricia Olamendi señaló que los coordinadores de San Lázaro no son de confiar.
“¿Qué confianza pueden tener en ellos las mujeres de sus partidos? Son unos machos mentirosos”, reclamó.
El documento está firmado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y los del PVEM, Carlos Alberto Puente; el del PT, Alberto Anaya; y del PRD, Luis Cházaro.
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FRG