Jalisca.- Por considerar que es regresiva, legisladores federales de Movimiento Ciudadano (MC) pretenden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la llamada #LeyBuylla.
Durante el Seminario sobre Innovación, Ciencia y Tecnología organizado por MC este lunes en Guadalajara, el senador emecista Clemente Castañeda anunció la intención de acudir ante la Corte para dejar sin efecto la nueva ley que normará la forma en que se hace investigación en México, la cual fue aprobada el 26 de abril en la Cámara de Diputados y el día 29 del mismo mes en el Senado.
“Lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo es que este Gobierno (Federal), particularmente desprecia la ciencia, la evidencia y el conocimiento científico para resolver los grandes problemas del País”, señaló Castañeda.
Me permito anunciar (…) que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (…) ha decidido ya ir a la acción de inconstitucionalidad para que esta ley pueda ser revisada, corregida y anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, añadió.
El senador emecista indicó que, mientras en el País hay un proceso de desmantelamiento de instituciones, MC está en un proceso de construcción permanente.
“Apenas hace una semana (…), la mayoría de Morena y de sus aliados siguiendo los dictados, por cierto, del oficialismo, reformaron la Ley de Ciencia y Tecnología para dar paso a una legislación que tendrá si es que sigue vigente, efectos muy negativos para la vida pública, pero particularmente para la ciencia, para la tecnología y para el sector académico”, apuntó.
“La ley que se aprobó a escondidas por una mayoría artificial y en una sesión espuria, es una ley a todas luces regresiva que lo que intenta es desmantelar el sistema de ciencia, de tecnología que tantos años les costó a las y los académicos, a las y los científicos de este País construir”.
José Luis Solleiro, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, expuso que la nueva ley está excluyendo a investigadores y becarios de universidades privadas, y la propiedad de los resultados de trabajos de investigación que se hagan con apoyo del Gobierno Federal pertenecería al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
“¿Podemos tener hoy un decreto presidencial para nuestra autonomía? Imposible, porque en este Gobierno se mira con desconfianza a las instituciones autónomas (…). ¿Eso tendría que estar en una agenda? Desde luego. Dotar de autonomía a todas aquellas instituciones que se dedican a la investigación, como el caso del Cinvestav (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados)”, dijo la investigadora Alma Maldonado.
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